“Un mar productivo no es un mar extractivo”, señala MarViva ante intenciones del gobierno de revivir pesca de arrastre.

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María Laura Molina Cordero
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El ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó que el Gobierno hará nuevos estudios sobre la pesca de arrastre para evaluar la reactivación de captura de camarón bajo esta modalidad que ya ha sido cuestionada y rechazada en el país. 

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“Un mar productivo no es un mar extractivo, no es regresar a la pesca de arrastre. Podemos generar progreso social y bienestar en las costas con otros enfoques”, señaló Katherine Arroyo, abogada ambiental y gerente de Incidencia Política de la Fundación MarViva ante las intenciones del Gobierno de revivir la pesca de arrastre en el país.

Estas intenciones se manifestaron el pasado 6 de junio, cuando se celebró el Día Mundial del Ambiente, y el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach, confirmó que el Poder Ejecutivo hará nuevos estudios sobre la pesca de arrastre de camarón, a pesar de que la ley que proponía revivirla fue vetada en el 2020. 

El ministro dijo al medio La Nación que evaluará la posibilidad de rehabilitar esta pesca con redes de arrastre en mares costarricenses con el fin de “volver los ojos al mar productivo” y que, en caso de que se logre demostrar que es una pesca sostenible, no ve problema en reactivarla.

Ante estas intenciones, Arroyo insistió en entrevista con Interferencia que ya se ha demostrado que esta actividad no es amigable con el ambiente y que sus impactos en las comunidades no son positivos. Por esto, consideró que es momento de dirigir los esfuerzos y recursos  hacia otros lugares de forma responsable.

“Consideramos que en este momento de crisis fiscal no es acertado destinar fondos públicos para financiar estudios y todo lo que se requeriría para hacer una valoración rigurosa. Por eso, creemos que  tenemos que ser responsables con nuestras finanzas públicas y sobre todo, tenemos que ser muy respetuosos con las comunidades porque seguimos generando falsas expectativas”, señaló Arroyo.

Para la especialista, además de todos los estudios científicos que se requiere realizar si se considera revivir esta práctica, es fundamental  visitar el pasado y reflexionar los impactos que trajo la pesca de arrastre a las comunidades, especialmente antes de que la Sala Constitucional prohibiera esta actividad en el 2013.

“El arrastre feminizó la pobreza por medio de las peladoras de camarón que tenían salarios sumamente bajos y no tenían acceso a la seguridad social. Este tipo de factores tienen que tomarse en cuenta ante el reto de enfrentar la desigualdad en las costas.”, expresó la vocera de MarViva.

Además, señaló que antes del 2013 las 27 licencias de pesca de arrastre existentes estaban en manos de menos de 600 personas. Según dijo, esto generaba una competencia desleal con las poblaciones pesqueras artesanales, ya que la pesca de arrastre, al no ser selectiva, no solo captura camarón, sino también a otras especies de interés comercial del sector artesanal.

“Se estaba afectando a más de 14.000 personas que se dedican a la pesca artesanal. Entonces la sentencia de la Sala no solo une argumentos ambientales, sino también toma en cuenta una repartición justa y equitativa de la riqueza nacional”, detalló la abogada.

En Costa Rica existen otras técnicas más productivas que la pesca silvestre de camarón, explicó Arroyo, como lo es la acuicultura que consiste en la crianza, cultivo y cosecha de especies acuáticas.

También, se da la captura de camarón con embarcaciones artesanales de pequeña escala por medio de redes de malla, lo que evidencia que hay otros posibles enfoques hacia donde dirigir los esfuerzos, dijo.

 

Pesca de arrastre de nuevo sobre la mesa

La discusión sobre la pesca de arrastre no es para nada nueva. Desde hace nueve años, la Sala Constitucional prohibió la pesca con red de arrastre debido al impacto ambiental por daños a las poblaciones de peces, impactos a los fondos marinos y la afectación a las economías locales.

En esa sentencia la Sala indicó, sin embargo, que la técnica podría volver a usarse si se demostrara con estudios técnicos y científicos que era sostenible y que podían evitarse esos impactos.

En el 2019, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) elaboró un informe con recomendaciones para permitir esa técnica bajo ciertas condiciones. Este informe fue cuestionado por distintos sectores debido a los tiempos y metodología del estudio.

Sin embargo, la investigación fue base para el  proyecto de ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en el año 2020.

La Sala Constitucional en su momento, consideró que ese proyecto no tenía vicios de inconstitucionalidad, sin embargo, no se remitió a indicar si los estudios en los cuales se basaba el proyecto tenían validez científica o no.

Finalmente, el entonces presidente Carlos Alvarado vetó el proyecto en octubre del 2020 por razones de conveniencia y oportunidad. Alvarado argumentó falta de estudios científicos sobre los  impactos en los ecosistemas y en las comunidades costeras; implicaciones económicas, obligaciones internacionales y la compatibilidad con la visión del desarrollo nacional.

Desde entonces para la especialista, lo único que ha cambiado sobre este tema es que el ministro de Ambiente de Energía pusiera el tema sobre la mesa. Arroyo señaló que la energía de las administraciones anteriores tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, han estado enfocadas en legalizar la pesca de arrastre y no en implementar alternativas para el progreso social de las poblaciones costeras.

“Al día de hoy creo que estamos en una coyuntura muy similar a las anteriores, con el agravante de que la autoridad ambiental de este momento no tiene una una posición apegada a la que tuvo la jerarca anterior de valerse en la evidencia científica que al día de hoy, demuestra que la pesca de arrastre no es sostenible”, afirmó Arroyo.

Además, de seguir adelante con el interés de la pesca de arrastre, el tipo de estudio que debe realizarse tiene que estar enfocado en poblaciones de camarón, así como en la fauna acompañante, ya que los estudios en los que se basaron para el proyecto de ley vetado, tuvieron limitaciones temporales y de análisis, explicó Arroyo.

También, se necesitarían estudios sobre los impactos en fondos marinos, en la biomasa, y los ecosistemas, así como de los efectos socioambientales. Estas investigaciones no las tiene que realizar solo el Incopesca, sino que deben realizarse en alianza con la academia y con el Ministerio Ambiente y Energía como rector del tema marino, agregó la vocera de MarViva.

Para dar una dimensión de cuánto dinero implicaría un estudio de este tipo, Arroyo relató que en el 2019 hubo intenciones de realizar investigaciones sobre las poblaciones de camarones para las cuales se firmó un convenio entre Instituto Nacional de Aprendizaje y el Incopesca por un total de 3.000 millones de dólares.

La abogada aclaró también que para realizar estos estudios no es necesario realizar un proyecto de ley, sino que este se necesitaría en caso de que se quiera retomar la asignación de nuevas licencias e implicaría una reforma a Ley de Pesca y Acuicultura, pero para ello, son necesarias las investigaciones.

“Entonces, más allá de un tema de los estudios que haya que hacer, tenemos que analizar si en la actualidad  la idea es oportuna y conveniente(…)  Instamos a las autoridades para que coordinen y miremos juntos al mar porque un mar productivo es un mar sostenible”, finalizó Arroyo.

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