Entre las firmantes está la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, y las expresidentas del Congreso, Carolina Hidaldo y Silvia Hernández.
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Un grupo de más de 100 mujeres, entre quienes hay reconocidas políticas y juristas de Costa Rica, envió una carta abierta a la Asamblea Legislativa para pedir que se nombre a una mujer en una silla vacante de la Sala Constitucional.
La misiva está firmada por mujeres como la expresidenta de la República, Laura Chinchilla; la expresidenta del Poder Judicial, Zarela Villanueva; las expresidentas de la Asamblea Legislativa, Carolina Hidalgo y Silvia Hernández; y la exjueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Elizabeth Odio.
También hay otras exdiputadas, juristas y mujeres de distintos ámbitos de la vida nacional.
La petición surge debido a que la Sala Constitucional tiene un puesto de propiedad vacante tras la salida de Nancy Hernández, quien fue nombrada jueza de la Corte IDH en noviembre pasado.
“Por muchas razones es lógico y necesario que el nombramiento recaiga en una mujer. No se trata simplemente de llenar una cuota de poder. Es esencial preservar la perspectiva femenina -que es la de la mitad de la población- en los cuerpos colegiados de toma de decisiones”, dice la carta de las solicitantes.
La misma carta menciona que la Comisión de Nombramientos ya tiene a seis finalistas, entre las cuales hay tres mujeres. Ingrid Hess Araya es la aspirante con mejor calificación y las juristas Vilma Sánchez Del Castillo e Ileana Isabel Sánchez ocupan el tercer y quinto lugar, respectivamente.
Las firmantes indicaron que “es imperativo que quien ocupe esa silla posea los más sólidos atributos profesionales y personales. Y también que sea una mujer”. Además, manifestaron que la participación de mujeres en la toma de decisiones coadyuva a desarrollar políticas más equitativas e inclusivas para toda la población, y que los derechos pasen de estar en el papel a la práctica.
La Sala Constitucional está compuesta por siete miembros. Si se nombra a un hombre, la representación femenina se reduciría a una sola magistrada.
En el documento, las solicitantes además indicaron a diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa que “tienen en sus manos la oportunidad histórica de preservar y acrecentar un logro fundamental que tomó más de un siglo en concretarse: la presencia de mujeres magistradas del Poder Judicial”.
Otro punto señalado es que el país ha tardado muchos años en lograr la elección “casi totalmente equitativa” y que esto ha significado romper paradigmas “hondamente enraizados en la sociedad costarricense”.
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