En una encuesta realizada en el marco del III Informe sobre Libertad de Expresión en Costa Rica, periodistas describen extensas jornadas y bajos salarios que amenazan su labor. ____________________________________________________________________________
La precariedad salarial afecta a tres de cada diez periodistas en Costa Rica, según una encuesta realizada en el marco del III Informe sobre Libertad de Expresión en Costa Rica, elaborado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) y el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom).
En la encuesta se le consultó a 151 periodistas si sus ingresos salariales eran equivalentes, al menos, a ¢332.590, salario mínimo por ley establecido en el 2020 (año de aplicación de la encuesta). El 33,3% de las personas consultadas respondió que no. Esta condición afectó principalmente a periodistas jóvenes y a los de mayor edad.
El informe está conformado por seis capítulos que exploran temas esenciales de la libertad de expresión como el entorno digital, concentración mediática, seguridad de periodistas, calidad de la información, así como las garantías para el acceso a la información sobre asuntos públicos.
En su cuarto capítulo, esta tercera edición incluye la investigación “Inseguridad y Precarización: Riesgos en el Ejercicio del Periodismo en Costa Rica” para la cual se realizó la encuesta sobre condiciones laborales.
Otro elemento que se consideró fue la cantidad de horas laboradas por periodistas. Sobre este punto, 27,8% de las personas entrevistadas indicó tener que trabajar en jornadas extendidas de más de ocho horas diarias.
Además, 19,4% informaron que no cuentan con el seguro social y pólizas de riesgos del trabajo. Según el informe, esto limita a las personas trabajadoras el acceso al derecho a la salud y a las compensaciones necesarias de enfermedad y accidentes laborales.
Quienes ejercen periodismo en Costa Rica también tuvieron impactos en sus condiciones de contrato debido a la pandemia, según reconocieron en la encuesta. Se les consultó sobre diversas situaciones, sin que sean estas excluyentes entre sí. Más de la mitad (52,9%) indicó que migró al teletrabajo; casi la mitad (47,1%) tuvo una reducción en su salario, 43,1% un recargo de funciones, 41,2% una reducción en la jornada y menos del 6% el cese de contrato.
Para Lidieth Garro, coautora de la esta investigación, estas condiciones de trabajo pueden quebrantar la libertad de expresión.
“Estas vulnerabilidades ponen a las personas periodistas como presa fácil de distintos intereses económicos o bien, los coloca en condiciones laborales que no les permiten generar un periodismo de profundidad, investigativo e interpretativo, sino que se realiza un periodismo que puede caer en la superficialidad porque no hay condiciones para trabajos de calidad”, afirmó la investigadora.
Hostigamiento, amenazas y vigilancia
Según el informe, en el año 2021, Costa Rica ocupó el quinto lugar del mundo en libertad de prensa, solo superado por Noruega, Finlandia, Suecia y Dinamarca. Sin embargo, la encuesta muestra que las personas periodistas entrevistadas se han sentido inseguras por su quehacer o han presenciado esa inseguridad.
La encuesta consultó a las personas si conocían sobre algún medio de comunicación que haya recibido amenazas por su labor y el 67,3% afirmó que sí tenían conocimiento sobre este tipo de situaciones.
A quienes indicaron que sí estaban al tanto de estas amenazas, se les consultó si consideraban que son comunes en Costa Rica y el 70,15% respondió afirmativamente.
A nivel personal, el 34,9% informó haber sido hostigado, el 35,5% había recibido amenazas y el 34% fue objeto de vigilancia por su labor como periodistas.
Las personas entrevistadas coinciden en que el mayor número de amenazas que reciben son de carácter jurídico con demandas judiciales por la emisión de contenidos.
Ninguna persona indicó haber sido detenida por ejercer la labor periodística, pero más del 60% considera que en el país existe impunidad ante las agresiones que sufren quienes se dedican a esta profesión.
A estas restricciones para el ejercicio de la libertad de expresión, se le suma la limitación de informar por temor a castigos, hostigamiento o ataques. Aunque la mayoría de periodistas aseguraron que nunca han dejado de informar por estas razones, el 27% expresó que sí se ha autocensurado por miedo a represalias.
En esta línea, Garro considera que deben realizarse esfuerzos importantes desde la academia para que las personas periodistas puedan reconocer los riesgos en que se ven inmersas, así como capacitar con herramientas informáticas para su protección.
Desafíos de la libertad de expresión en CR
Además de la investigación sobre la inseguridad y precarización del periodismo, el III Informe sobre Libertad de Expresión en Costa Rica abarca distintos temas como la concentración mediática, la desinformación en elecciones, acceso a la información, violencia política contra las mujeres y periodismo digital.
El primer capítulo de este informe caracteriza los principales grupos de la comunicación en Costa Rica, analiza la concentración de información que estos ejercen, así como los hitos más importantes del sistema mediático del país.
Tomando en cuenta el rol que toma la desinformación en los procesos democráticos, el segundo capítulo realiza un análisis de la difusión de contenidos desinformativos en la campaña política 2022 en materia de pandemia, elecciones y candidatos.
En su tercer capítulo, el informe pone el foco en las iniciativas para regular el derecho de acceso a la información pública y los alcances de estas propuestas presentadas en la Asamblea Legislativa.
La inseguridad y la precarización del trabajo de las personas que ejercen el periodismo descritas anteriormente, son parte las temáticas abordadas en el cuarto capítulo de este III Informe.
El quinto capítulo hace un balance crítico entre las formas de violencia política, mediática y digital que viven las mujeres en política. Esta investigación describe también los usos que le dan las mujeres a las redes sociales para la construcción de estrategias de negociación, confrontación y superación de la violencia política.
Finalmente, el sexto capítulo realiza un análisis a profundidad de la calidad de las noticias en varios medios de comunicación, desde una perspectiva teórica, que propone que la calidad periodística es un derecho de las audiencias
De estos capítulos fueron parte personas investigadoras expertas en comunicación y política, como lo es Giselle Boza Solano, Óscar Mario Jiménez Alvarado, Carolina Carazo Barrantes, Larissa Tristán Jiménez, Jorge Córdoba Ortega, Lidieth Garro Rojas, Lilliana Solís Solís, Yanet Martínez Toledo y Diego Pérez Damasco.
Interferencia realizó un programa sobre este informe el cual puede consultar en
