El decreto no es una orden para instituciones, sino que queda a discreción de las autoridades revisar si es posible acatar la solicitud del presidente

Pese a que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, anunció el pasado domingo la firma de un decreto para eliminar la obligatoriedad de la vacunación contra la COVID-19, en realidad, el decreto publicado solamente “insta” a las instituciones públicas a no despedir funcionarios que no se hayan vacunado y solicita información a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE).

El domingo, tras recibir la banda presidencial y tener su primer Consejo de Gobierno, Chaves manifestó: “la ministra de Salud y yo vamos a firmar dos decretos ejecutivos que cambian la regulación sobre la vacunación obligatoria contra COVID y las sanciones contra empleados que no quieren ponérsela”.

En ese momento aseguró que la vacunación solo quedaría obligatoria para trabajadores de la primera línea de atención de la salud y que “el resto de las personas podrá escoger si quieren protegerse con vacunación o no”.

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Personas expertas en Derecho cuestionaron esa decisión de Chaves porque, legalmente, es a la Comisión de Vacunación a la cual corresponde decidir sobre las vacunas obligatorias.

Tras dos días de cuestionamiento y de que el Gobierno no revelara los decretos firmados ese domingo, finalmente este miércoles fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, en relación con la vacunación, el decreto dice algo distinto a lo prometido por el mandatario.

En su primer artículo, el decreto indica que se: “insta a todas las instituciones públicas del Estado y al sector privado costarricense a no aplicar sanciones de despido en los casos de funcionarios que no cuentan con el Esquema de Vacunación Covid-19”.

En el segundo artículo de este decreto, se solicita “a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que mediante estudios técnicos y estadísticos actualizados, indique y recomiende al Poder Ejecutivo cuáles funcionarios pueden ser afectados por sanciones de despido ante el incumplimiento de la obligatoriedad que rige en la actualidad”.

El texto añade que se: “insta a realizar estudios técnicos que demuestren el efecto de la obligatoriedad de la vacunación sobre el porcentaje de la población efectivamente vacunada, incluyendo un análisis de la evidencia internacional”.

“Con la energía que se hizo el anuncio el 8 de mayo lo que vemos no coincide totalmente, pero lo que se emite es mejor que lo anunciado, es preferible porque está más cerca de no cometer una infracción a la ley esto de lo que se anunció originalmente”. Marvin Carvajal, abogado experto en derecho Constitucional y Administrativo.

El experto en derecho Constitucional y Administrativo, Marvin Carvajal, explicó que no es normal que el Ejecutivo haga instancias o consultas vía decreto. “Hay otros instrumentos que normalmente se utilizarían para ello”, señaló Carvajal.

Según Carvajal, instar significa “un poco más que sugerir pero menos que ordenar”. Para el abogado esto quiere decir que las instituciones deberían revisar sus mecanismos disciplinarios y determinar si es posible evitar que una persona sea despedida por esta razón”.

“El decreto no dice que no se aplique ninguna sanción, dice que se evite el despedido, se podrían aplicar otras sanciones”, añadió Carvajal.

El abogado consideró que, con respecto a la empresa privada, lo anunciado es igualmente una sugerencia para los patronos.

Carvajal concluyó que “con la energía que se hizo el anuncio el 8 de mayo lo que vemos no coincide totalmente, pero lo que se emite es mejor que lo anunciado, es preferible porque está más cerca de no cometer una infracción a la ley esto de lo que se anunció originalmente”.

A pesar de lo anterior, el presidente Chaves compartió en redes sociales un video indicando que publicó un decreto que le permite a las personas decidir libremente si se vacunan o no, aunque esto no es lo que dice dicho documento.

¿Y las mascarillas?

El Gobierno también publicó el decreto que elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas, las cuales ahora solo deben ser portadas por personal de salud y personas que visiten centros médicos.

Dicho decreto se publicó con un error en la fecha, pues dice 7 de mayo, un día antes de que Chaves asumiera como presidente.

Para el abogado especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, Marvin Carvajal, este es un típico error material.

“Un error de esta naturaleza puede ser corregido mediante una simple fe de erratas, sería muy simple para el Ejecutivo corregirlo”, manifestó Carvajal, quien explicó que si el decreto no se corrige, podría entenderse que hay un vicio de “falta de investidura”, ya que la investidura del Presidente ocurrió hasta el 8 de mayo.

Este lineamiento del Ejecutivo reforma el decreto firmado el 10 de marzo del 2021 y que establecía el uso obligatorio de la mascarilla como equipo de protección personal debido al Estado de Emergencia provocado por la COVID-19.

En el comunicado de prensa, el mandatario Chaves, asegura que el decreto para eliminar el uso obligatorio de la mascarilla “garantiza la autonomía de la voluntad de los costarricenses. El presidente exhortó a la población a “ejercer esta libertad junto con su buen juicio para protegerse ellos y a otras personas”.

Los primeros decretos de Chaves fueron publicados en el Diario Oficial La Gaceta más de 60 horas después de su anuncio. El mandatario demoró la publicación de los decretos para realizar un análisis más profundo de los textos.

Según el comunicado compartido por Casa Presidencial pasada la medianoche de este miércoles, el atraso se debió a las “numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y, hasta, amenazas de denuncias penales” que provocó el anuncio de los lineamientos del Ejecutivo.

Consulte los decretos publicados, este miércoles 11 de mayo, en el Diario Oficial La Gaceta.