Figueres promete solución al conflicto de tierras indígenas en los primeros seis meses de un eventual Gobierno suyo

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El candidato presidencial del PLN indicó que, dentro de las soluciones al conflicto en tierras indígenas, estaría indemnizar a tenedores de parcelas que actuaron de buena fe 

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres Olsen, se comprometió a que, de ganar la presidencia, en los primeros seis meses de mandato tendría una solución para el conflicto por la posesión de tierras dentro de las 24 comunidades indígenas del país.

Figueres reconoció que el país arrastra esta problemática durante muchos años, por lo que aseguró que en un eventual Gobierno suyo resolverá el tema con “con contundencia, pero con apego a la ley y con apego a los derechos de las personas”, según indicó ayer miércoles en una conferencia de prensa.

Lo anterior, según dijo, significa “ponerse de acuerdo con los sectores, invitarlos a conversar como ya lo hemos hecho y buscar la soluciones”.

Ante la pregunta de Interferencia de Radioemisoras UCR, el aspirante presidencial no precisó cuáles serían las propuestas que impulsará en su eventual administración, aunque aseguró que en el plazo de los seis meses presentará soluciones “con las que estén de acuerdo los sectores mayoritarios”. Mencionó que las reuniones sobre este tema ya iniciaron.

“Algunos tenedores de algunas parcelas en territorios indígenas tienen escrituras, son tenedores de buena fe, y lo que corresponde es indemnizarlos como debería de serlo. Hay algunos otros que tal vez no son tenedores de buena fe, pero conversando con los sectores y con todas las comunidades es como podemos resolver este problema. Quiero resolverlo a la entrada del Gobierno, porque Costa Rica no ha sido un país en donde tengamos que llegar a la violencia para resolver nuestros problemas”, concluyó el candidato verdiblanco.

Figueres omitió responder si en su administración se continuará la aplicación del Plan de Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI), una iniciativa impulsada desde al año 2015 con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre la situación de las tierras en comunidades originarias.

La Ley Indígena, de 1977, establece en su artículo 3 la inalienabilidad de las tierras dentro de las 24 comunidades originarias, no obstante, según los datos más actualizados sobre el tema, cerca del 43% del total de tierras destinadas por el Estado para las comunidades indígenas se encuentran invadidas por personas externas a las poblaciones originarias. Esto según una investigación realizada en el 2014 por la organización sin fines de lucro Forest People Programme.

Producto de la inacción del Estado en la aplicación de la ley, desde las comunidades indígenas se han organizado para realizar recuperaciones por la “vía de hecho” de sus tierras invadidas, es decir sin esperar la intervención de las autoridades.

Esto ha provocado una mayor conflictividad en las comunidades originarias, que de acuerdo con el conteo hecho por la Coordinadora de Lucha Sur-Sur, solo durante el 2020 se registraron 86 agresiones contra pueblos indígenas. Uno de esos ataques provocó la muerte del líder indígena bröran de Térraba, Jhery Rivera.

¿UNA DIPUTADA INDÍGENA AL PLENARIO?

Figueres resaltó el rol que tendrá la diputada electa por la provincia de Puntarenas, Sonia Rojas, en la búsqueda de soluciones a esta problemática. Aseguró que Rojas será la primera mujer indígena en llegar a la Asamblea Legislativa.

En una entrevista brindada al Semanario Universidad, la diputada electa afirmó que su agenda en la Asamblea Legislativa incluirá “la defensa de los sectores más vulnerables y dentro de ellos está la población originaria”. Según Rojas ella proviene del territorio Bribri-Cabécar, en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas.

No obstante, tras las declaraciones de Rojas a Universidad, organizaciones indígenas de la zona sur, como el Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre, el Consejo Iríria Sákök del territorio indígena Yãmabï Dí (Cabagra) y los Recuperadores Cabécares de China Kichá, rechazan que ella pertenezca a alguna de estas comunidades originarias.

Las organizaciones explicaron que, según la cosmovisión de los pueblos originarios, “cada persona que pertenezca al pueblo Bribri o Cabécar debe contar con un clan, el cual únicamente puede ser trasladado por las madres indígenas”.

“Sonia Rojas no pertenece a ninguno de los pueblos pues su madre no pertenece a ninguno de estos pueblos. Así, de acuerdo al linaje matrilineal y la conformación clánica de nuestros pueblos, Sonia Rojas no es una mujer indígena”, afirmaron estas organizaciones en un comunicado de prensa donde además señalan que con sus declaraciones Rojas “irrespeta profundamente nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión”.

Las organizaciones añadieron que, al presentarse como diputada indígena, Rojas “pretende desinformar y hacer creer a los Pueblos Originarios que tienen una representación en una Asamblea Legislativa que estará volcada al neoliberalismo y a la negación de nuestros derechos sobre la tierra-territorio, nuestra cultura, tradiciones y a las posibilidades de multiplicarla”.

Interferencia consultó sobre esto a la diputada electa, quien respondió que su abuela paterna es indígena por lo tanto ahí nace su línea matrilineal. “En mi sangre llevo tres reconocimientos en cuanto a identidad sanguínea: la cabécar, la boruca y la bribri, por la cercanía con mi abuela paterna, que es la que directamente me transmite el origen bribri”.

Agregó: “Mi convivencia en el territorio, la cultura, la tradición, la visión y la cosmovisión que vivo me hacen una persona indígena de visión, de sangre y de convicción”. Además, afirmó que dentro de las comunidades originarias existen diferentes organizaciones tradicionales y que algunas de estas le han reconocido como personas originarias.

La diputada electa aseguró que dentro de sus prioridades en el Plenario estará revisar y volver a promover el proyecto de Ley de Autonomía Indígena. La futura legisladora dijo: “nuestra responsabilidad es poner a caminar las leyes que se han archivado por un tema de necesidad de Derechos Humanos, porque acá todos somos importantes”.

Rojas enfatizó en la necesidad de buscar una solución al conflicto por la posesión de tierras dentro de las comunidades indígenas. “Nuestra población se ha cansado de la falta de voluntad política y responsabilidad del Gobierno con este tema, que es un derecho de los pueblos indígenas, pero que hoy queremos resolverlo de una manera consensuada, donde prevalezcan los Derechos Humanos de todas las personas en discusión, pero que se cumpla lo ley al devolver la tierra como debe ser, sin violencia”.

Las organizaciones indígenas que cuestionaron a Rojas señalaron también que el PLN ha promovido proyectos que perjudican a sus comunidades.

Sobre ese aspecto, Rojas indicó: “Yo me siento muy agradecida con el Partido Liberación Nacional. Históricamente ningún partido le ha dado a nuestros descendientes, a nuestra sangre, la oportunidad de llegar a ocupar una posición política de toma decisiones importantes en el Gobierno, no hemos tenido en la historia de Costa Rica esa posibilidad”.

La diputada añadió: “Liberación Nacional le abre a nuestra identidad la posibilidad de llegar ahí, eso significa muchísimo para nosotros, desde ahí yo vengo con todo el corazón, con toda la intención de apoyar a todos los indígenas de mi país en todos los ámbitos. Esa es la ilusión que me lleva a poder resolver desde la Asamblea Legislativa, desde la posición política con toda la voluntad para sacar a mi gente adelante”.

Sonia Rojas Méndez es una educadora de 42 años y, antes de ser electa como diputada de la República, trabajó como directora del Centro Educativo Tsikriyök, ubicado en la comunidad de Cabagra en Buenos Aires de Puntarenas.