En resumen: El candidato del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, sí fue inhabilitado para ejercer cargos públicos, como expuso su contrincante Rodrigo Chaves en el debate del Tribunal Supremo de Elecciones el lunes pasado.
La sanción de cinco años fue efectiva a partir del 15 de mayo del 2009, aunque se dio por hechos ocurridos en el 2002. Feinzaig era presidente del Consejo Técnico de Aviación Civil en ese entonces, así como viceministro de Transportes de la administración Rodríguez Echeverría.
La inhabilitación responde a una sanción de la Contraloría General de la República (CGR). La sanción equivale al castigo por una “falta grave” cometida por Feinzaig durante la aprobación de las tarifas, para 2002 y 2003, de la empresa Alterra Partners, administradora del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.
Rodrigo Chaves revivió la polémica en una pregunta que le hizo a Feinzaig en el debate. Chaves se refirió a una investigación legislativa por el manejo de la alianza público-privada entre el gobierno y Alterra en perjuicio del Estado. Feinzaig se defendió y afirmó que aquella investigación había sido “un show político” y que la Fiscalía no había actuado en su contra tras recibir el informe de los diputados.
De seguido, Chaves se refirió en su réplica a la inhabilitación de Feinzaig por cuatro años, aunque en realidad fueron cinco. La réplica podría causar confusión, pues el castigo contra Feinzaig no nació de la investigación legislativa que terminó en el 2002, sino de un proceso que abrió CGR en el 2003. La Asamblea Legislativa no “ordenó” castigos severos contra Feinzaig, como dijo Chaves, sino que recomendó una censura política y moral, según consta en el informe de mayoría.
La sanción que sí terminó recibiendo el candidato del PLP por parte de la Contraloría fue administrativa, no penal. Consultado por Doble Check, Feinzaig declaró que el castigo se impuso por la fijación de un índice de precios “pero nunca mediaron acusaciones de corrupción ni similares”.
Intercambio entre Feinzaig y Chaves
Rodrigo Chaves le dirigió una pregunta a su contrincante Eliécer Feinzaig en el debate del lunes. El candidato de Progreso Social Democrático (PSD) se refirió a la negociación de la alianza público-privada entre el gobierno y la empresa Alterra Partners para administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez.
El intercambio también incluyó opiniones y juicios de valor con respecto al financiamiento de sus respectivas campañas, las cuales no son sujetas a verificación.
El intercambio con respecto a la polémica con Alterra se desarrolló así:
Chaves: (…) Usted como viceministro del PUSC negoció el contrato de un APP (alianza público-privada) con Alterra para manejar el aeropuerto. La Asamblea investigó ese contrato y ordenó castigos severos contra usted porque, como dijeron los diputados, Eliécer Feinzaig estuvo más interesado en mejorar la ganancia de Alterra que velar por el interés público. ¿Qué le tiene que decir usted a la población de este país en vista de lo que acabo de decir?
Feinzaig: Muchas gracias, don Rodrigo. Viera que la investigación que hizo la Asamblea Legislativa no llegó a absolutamente nada porque lo que hicieron fue un show político. Remitieron ese documento a la Fiscalía para que lo investigara y la Fiscalía lo desestimó por falta de mérito, con lo cual, no existe ningún hecho concreto de lo que salió de esa comisión investigadora de la Asamblea Legislativa. Por otra parte, don Rodrigo, cuando yo fui viceministro me tocó ejecutar a lo largo de un poco más de año y medio –que fue el período que tuve para hacerlo– ese contrato que sí es una alianza público privada que ha sido exitosa para el país, que ha permitido desarrollar el aeropuerto (…).
Chaves: (…) A mí me informaron que usted estuvo deshabilitado de la función pública por cuatro años. Eso es un hecho, producto de ese contrato (…).
Sanción por fijación de tarifas
En La Gaceta consta que la inhabilitación contra Feinzaig entró en vigencia el 15 de mayo del 2009, por lo que se debió haber extendido por cinco años hasta el 2014. El currículo del candidato ofrecido al TSE indica que durante ese período estuvo al mando de una empresa inmobiliaria.
La sanción fue la culminación de un largo proceso administrativo en la Contraloría General de la República. La resolución aplicó el artículo 72 de la Ley Orgánica de la institución. La norma impide el nombramiento público de personas “que hubieran cometido un delito o falta grave contra las normas que integran el sistema de fiscalización, contemplado en esta Ley o contra la propiedad o la buena fe de los negocios”. El proceso siempre fue por la vía administrativa, no por la penal, por lo que se descarta que el castigo hubiera sido por la comisión de un delito, y corresponde a una “falta grave”.
La sanción se aplicó a los cuatro miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) que fungieron entre el 2001 y el 2002. Feinzaig, como viceministro de Transportes, era presidente de este órgano colegiado.
El proceso giró alrededor de dos medidas del CETAC sobre el cálculo de las tarifas por los servicios que ofrecería Alterra Partners para administrar el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría entre el 2002 y el 2003. Al abrir la investigación en el 2003, la Contraloría indicó que la CETAC hizo un “débil y deficiente examen” de los montos aprobados. Eso generó “tarifas excesivas” a favor de la empresa por parte del Estado, según reportó La Nación en el 2003.
La CGR abrió el proceso de investigación cuando Feinzaig ya no estaba en el gobierno. La resolución de la Contraloría no se emitió hasta el 2008, luego de que los procesados interpusieron sin éxito dos recursos de amparo y dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de la Contraloría, así como múltiples recursos ante esa misma entidad.
Esta información consta en un expediente judicial. Feinzaig y los otros investigados demandaron a la CGR y al Estado ante el Tribunal Contencioso Administrativo por alegadas injusticias en el proceso de sanción. Los querellantes perdieron el caso, pero los hechos probados de la resolución del 2010 revelan los detalles del proceso.
Doble Check intentó obtener, sin éxito, el texto de la resolución de la Contraloría. Se le pidió a la CGR el archivo de apertura del procedimiento administrativo (DAGJ- 09-2003) y el de la resolución (PA-50-2008). La institución indicó que ambos archivos fueron “descartados” de su fondo documental, pues datan de hace más de 10 años. Ese es el periodo por el que está obligada a conservarlos por ley.
Por ello, esta verificación se basa en los hechos probados de la demanda interpuesta por Feinzaig en el 2010, reportes de prensa y la notificación de la inhabilitación en La Gaceta.
Informe de la Asamblea
La alianza público-privada entre Alterra y el gobierno causó varias polémicas. Una comisión especial de la Asamblea Legislativa abrió una investigación al respecto. Este fue el proceso que Rodrigo Chaves mencionó en el debate, y que Feinzaig calificó como “show político”.
Esta investigación no tiene relación directa con el proceso abierto en la CGR en 2003. Los diputados entregaron su informe de mayoría en abril del 2002. El documento pide una censura moral y política en contra de Feinzaig y de varios jerarcas, incluido el mandatario de entonces, Miguel Ángel Rodríguez.
Defensa de Feinzaig
Doble Check contactó a la campaña del PLP, la cual no respondió las preguntas enviadas, pero sí envió una declaración de su candidato este viernes.
“Efectivamente es cierto, como parte del cuerpo colegiado del CETAC recibimos una sanción administrativa por elegir un índice de precios que era distinto al que estaba en el contrato original del aeropuerto que no negociamos nosotros. Este índice de precios no existía con el nombre correspondiente y utilizamos un índice brindado por las autoridades estadísticas de USA, el cual en su momento fue el recomendado por el órgano fiscalizador y avalado por la CGR”, dijo Feinzaig.
Años después la CGR cambió de opinión y nos acusó de haber causado un daño al Estado, pero nunca lo demostró. Así que fue una acusación por un índice de precios pero nunca mediaron acusaciones de corrupción ni similares, agregó el candidato.
En una nota de Telenoticias, Feinzaig detalló que la CETAC se basó en una recomendación del Bureau of Statistics de los Estados Unidos para la fijación de tarifas con Alterra. Esa habría sido la acción que la CGR consideró inadecuada, según consta en la nota.
“La alternativa si no hubiéramos acogido esa recomendación técnica hubiera sido detener un proyecto que a todas luces este ha sido un beneficioso para Costa Rica”, se defendió el candidato ante Telenoticias al afirmar que no se arrepiente de su decisión.
Declaraciones similares aparecieron en el medio El Observador. El candidato añade que la CGR nunca cuantificó cuál había sido el daño a la hacienda pública por esa incorrecta fijación de tarifas.
Doble Check no pudo contrastar ninguna de estas afirmaciones debido a que la CGR no guardó el informe de resolución en donde se determinó la sanción contra Feinzaig.
