Iglesia católica insiste en negar indemnización a víctima de abuso sexual

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David Bolaños
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David es periodista de Doble Check. También es periodista del noticiero Interferencia, de las Radios UCR, desde mayo del 2017. Ver biografía

La Iglesia Católica reclamó el pago ante el Tribunal de Apelación en julio, y este mantuvo la condena civil solidaria en su contra. Ahora, la institución religiosa repite sus argumentos mediante un recurso de casación ante la Sala Tercera.

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La Iglesia católica en Costa Rica insiste en negar la indemnización económica a una víctima de abuso sexual perpetrado por el sacerdote Randall Villalobos Chaves, quien fue condenado a ocho años de prisión en febrero pasado.

La iglesia intenta desligarse nuevamente de la condena civil solidaria de ¢6 millones que fue impuesta contra la institución religiosa y Villalobos. El reclamo se da por medio de un recurso de casación que el sacerdote Javier Muñoz Quesada presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia el 27 de julio pasado.

A inicios de julio, la Iglesia había reclamado el pago frente al Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea, pero el juzgado mantuvo la condena civil. Ahora, la institución católica continúa su reclamo por medio del recurso de casación, que es la última instancia de un proceso penal en el país.

El cura Randall Villalobos Chavez había sido condenado a seis años de cárcel por dos abusos sexuales contra un menor, y dos años por un abuso sexual contra un mayor de edad. Los abusos sucedieron entre el 2005 y el 2013, cuando Villalobos era sacerdote en Desamparados, Alajuelita y San Francisco de Dos Ríos. Las víctimas fueron un menor de 16 años y un adulto de 22.

El Tribunal de Apelación anuló la condena de cárcel vinculada con los abusos a menor por estar prescritos, pero mantuvo que el imputado y la Iglesia deben pagar ¢5 millones por daño moral y ¢1 millón por las costas al menor de edad (que es adulto actualmente).

Por eso, la Iglesia argumenta ahora que la anulación de la condena de prisión debe extenderse a ese pago monetario. “La acción civil debe ser igualmente declarada como prescrita por su condición de accesoriedad con la acción penal”, solicita Muñoz como representante de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, entidad que es titular de los bienes de la Iglesia en el país.

En el recurso de casación, el representante legal de la institución religiosa repite argumentos que fueron rechazados por el Tribunal de Apelación. Muñoz insiste en justificar que la jerarquía de la Iglesia es “puramente sacramental” y niega que haya un vínculo jurídico o laboral entre sus miembros.

“La relación sacramental se da entre el sacerdote y su propio obispo, nunca entre los sacerdotes y la Conferencia Episcopal (simple reunión de los obispos de una nación) o Temporalidades de la Arquidiócesis de San José. Y esta relación no es de orden laboral, sino sacramental y fundamentada en un deber moral de obediencia”, afirma Muñoz en el recurso del que Interferencia tiene copia.

El Tribunal de Apelación había determinado la existencia de “un ligamen entre la Iglesia católica, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias, los obispos y los presbíteros, interconectándolos a todos a un mismo ente y reconociendo el carácter complejo de la organización”. Así lo indica el fallo de las juezas de apelación Rosaura Chinchilla Calderón, Patricia Vargas González y Kathya Jiménez Fernández.

Las juezas determinaron que todas esas figuras jurídicas canónicas que están reconocidas en la ley civil y que estas “responden por la inobservancia de los deberes de vigilancia o elección que les competían”.

Por eso, el sacerdote Muñoz también reclama que la institución hizo una “correcta elección” y una “correcta vigilancia” del cura que abusó sexualmente a dos personas, dado que este ejerció el sacerdocio por 17 años donde “no existió un antecedente o mucho menos denuncias de este tipo”.

Interferencia contactó este lunes al representante de comunicación de las Temporalidades de la Arquidiócesis de San José, pero no se obtuvo una reacción de la entidad religiosa sobre el recurso de casación.

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