Un 7 es la puntuación promedio al papel del Estado como prestador de servicios y regulador y un 27% de la gente se declara libre de religión, aunque otras expresiones de conservadurismo persisten en la sociedad.
La ciudadanía en Costa Rica apoya de manera mayoritaria la idea de que el Estado desempeñe funciones protagónicas en la economía como prestador de servicios, pero también como articulador y un regulador relevante.
Este respaldo al peso del Estado se muestra en momentos en que, en paralelo, menos personas profesan religión alguna, al punto de que el 27% se dice atea o agnóstica.
Estos son de los principales hallazgos de una encuesta realizada por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) para el Semanario UNIVERSIDAD, en un intento por conocer cómo ha evolucionado la ideología y valores culturales en el país, a meses de un nuevo proceso electoral.
El estudio se realiza después de acontecimientos como las elecciones del 2018, con un fuerte peso de la religión, de la crisis fiscal que ha acompañado a este gobierno, de intentos de reformas que afectan condiciones del Estado y de la pandemia que puso en relieve el valor de instituciones públicas en áreas como salud, educación, asistencia social e impulso de la economía.
La encuesta permite concluir que es 7 la puntuación promedio que da la ciudadanía en respaldo a las funciones del Estado en el campo económico, en la escala de 1 a 10. Este índice se basa en la valoración de los encuestados sobre los siguientes seis puntos:
- El Estado debe ser el principal responsable de reducir la diferencia entre ricos (79% de acuerdo).
- El Estado debe regular las empresas privadas (73,5% de acuerdo).
- El Estado debería hacer lo posible por evitar la concentración de medios de comunicación (73,7% de acuerdo).
- El Estado debería restringir la venta de tierras nacionales a grandes inversionistas (63,6% de acuerdo).
- Los servicios esenciales (agua, luz, Internet) deben ser siempre propiedad del Estado (54,5% de acuerdo).
- El Estado debería privatizar todas las empresas públicas ineficientes (45,5% de acuerdo).
La encuesta se realizó entre el 10 y el 19 de mayo, con 813 entrevistas mediante teléfono celular a personas mayores de edad, lo que depara un margen de error de 3 puntos porcentuales.
El índice elaborado por los investigadores del CIEP permite captar un mayor respaldo al peso del Estado en ciertos segmentos de la población encuestada. Los hombres, las personas mayores de 55 años y las que solo tienen educación primaria mostraron mayor apoyo a esa posición estatista, además de habitantes de las tres provincias costeras y quienes ahora están en desempleo o trabajan por cuenta propia.
Curiosamente esa posición en favor de un rol fuerte del Estado es menor en sus funcionarios, en pobladores del Valle Central y en personas con educación universitaria, así como adultos de entre 35 y 54 años, según el estudio.
En la misma línea de apoyo o rechazo a un rol fuerte del Estado, el CIEP preguntó por la posición sobre garantías que debería dar o no el Estado. El 97% dijo que este debe garantizar el acceso gratuito a educación y salud, el 86% respalda que dé acceso a actividades culturales y 76% dijo que es el principal responsable de que las personas trabajen en buenas condiciones.
Solo el 35% dijo que debe garantizar la propiedad privada de empresa transnacionales, el 28% señala que el país estaría mejor gobernado por los grupos empresariales y el 48% sostiene que el Estado debería limitar la producción piñera a pesar de los beneficios económicos.
La investigación de opinión pública agrega que un 62% de la población cree que son los grupos empresariales los que en la actualidad toman las principales decisiones en el país. Además, 94% dice que favorece la posibilidad de realizar consultas populares para decidir los temas más importantes para el país.
“En el caso de la institucionalidad pública, nos encontramos ante un escenario de cierta polarización en la confianza y el apoyo a la calidad de dichas instituciones, en donde la valoración más positiva es asignada a los sectores de educación y salud, frente a una negativa por el desempeño en temas de impuestos y medidas ante los niveles de delincuencia”, se lee en el informe de la investigación.
En la calificación a los servicios estatales, el trabajo de las universidades públicas aparece como el mejor valorado (88,3% lo califica positivo), seguido de educación general básica (70%) y la salud (63,6%), dos áreas que han resultado críticas durante el año y dos meses de la pandemia.
En cambio, solo el 34% tiene una opinión positiva sobre el desempeño público en la asignación de ayudas sociales, por encima de la fijación de salarios (28,4%), medidas contra la delincuencia (25,8%) e inversión de los impuestos (14,7%), señala el reporte.
Menos religiosos
Cada vez son más las personas que se identifican como no creyentes, sean ateas (que niegan la existencia de un dios) o agnósticas (que no creen en un dios) y se reduce el grupo de quienes se presentan a sí mismos como católicos.
En un año y medio, los no creyentes pasaron de 19,9% a 27%, mientras los católicos bajan del umbral de la mitad de la muestra y ahora están en 47,5%, de acuerdo con los resultados de este estudio y los de otra consulta hecha por el CIEP-UCR en noviembre del 2019.
El tercer grupo en importancia son los cristianos evangélicos o neopentecostales, que presentan una leve reducción desde 2019 hasta mayo del 2021, al pasar de 21,6% a 19,8%, con una diferencia dentro del margen de error de la encuesta.
Al consultar a quienes profesan alguna religión la importancia de esta en sus vidas, recibe una nota de 90 (entre 1 y 100) y un 70 el ser practicantes, sea con la participación de actividades de su iglesia o porque siguen de manera individual los ritos propios de esa fe.
De la muestra total, el 36,2% se manifiesta a favor de que la Iglesia Católica u otras autoridades religiosas presionen al Estado para que tome decisiones determinadas y se traduzcan en reglas, decretos o leyes. Un 60% rechaza tal posibilidad.
¿Conservadores?
Sobre el conservadurismo en la sociedad costarricense, algunas ideas planteadas a los encuestados lo reflejan en distinta proporción. Por ejemplo, casi seis de cada diez personas opinan que el Estado debería reprimir la publicación de obras de arte que ofendan la moral, pero cuatro de cada diez opinan que debería despenalizarse el consumo de la marihuana.
Además, el 55% se inclina por pensar que abortar o no es una decisión personal de la mujer, pero un porcentaje igual rechaza que las parejas del mismo sexo puedan adoptar niños.
En materia de igualdad entre hombres y mujeres, casi todos (95,7%) opinan que ambos sexos deben recibir un salario igual por funciones iguales y solo 49% está de acuerdo con la idea de que ellas son mejores para el cuido de niños, enfermos o adultos mayores.
Asimismo, en el ámbito de la “mano dura”, el 90% respalda la idea de que en Costa Rica se requiere combatir la delincuencia con leyes más fuertes y sanciones más drásticas, y la mayoría (52,6%) rechaza que sean los extranjeros los culpables del aumento de la inseguridad.
Además se planteó a las personas entrevistadas el tema de las huelgas, una actividad que ha sido objeto de discusión en los últimos años y según proyecta el estudio es un 60% de la población el que favorece esa posibilidad para trabajadores estatales de los servicios médicos, de seguridad o en educación.
Además, la encuesta indica que el 78,9% respalda el postulado de que la población tiene derecho a realizar protestas para presionar al Gobierno y un 71,8% ve bien que quienes cuenten con más recursos económicos paguen “proporcionalmente” más impuestos.
