Dueños de Meco y H. Solís pagarán fianza de $5 millones y $3 millones para permanecer en libertad 

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Hulda Miranda
- hulda.miranda@ucr.ac.cr

El dueño de la empresa Meco, Carlos Cerdas, y la dueña de la empresa H. Solís, Mélida Solís, pagarán fianzas de $5 millones y $3 millones, respectivamente, para permanecer en libertad mientras se les investiga en el caso conocido como Cochinilla.

Además, deberán cumplir medidas como el impedimento de salida del país y firmar periódicamente en el Juzgado.

Así lo determinó este sábado la jueza Carolina Lizano, del Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial, como parte del proceso en el cual se investiga el supuesto otorgamiento de dádivas a funcionarios públicos por parte de las empresas Meco y H. Solís.

La Fiscalía había solicitado un año de prisión preventiva contra estos dos imputados y 12 personas más.

“Hasta que se haga efectiva el pago de ese monto se mantienen privados de libertad”, informó la oficina de prensa del Poder Judicial. Ese pago puede darse por medio de propiedades que responden por el monto.

Para otro imputado, de apellido Arce, se ordenó el uso de tobillera electrónica.

Mientras que para otros imputados de apellidos Bolaños, González, Herrera, dos de apellido Solís, Quesada, Chaves, Castro, Martínez, Rodríguez, Zúñiga, Carmona y Rivera, se ordenó firmar una vez al mes y el impedimento de salida del país.

En una audiencia aparte, días atrás, para un imputado de apellido Abarca se había ordenado la entrega del pasaporte, impedimento de salida del país, firmar cada semana y la prohibición de realizar gestiones ante el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y de comunicarse con otros imputados, todo esto por el plazo de un año.

Otro imputado de apellido Ureña fue puesto en libertad sin medidas cautelares.

Esa audiencia se había llevado a cabo por separado debido a que los imputados de esas personas debían atender otra audiencia fijada previamente.

El Poder Judicial comunicó que a los imputados que se encuentran en la función pública se les suspendió del cargo y se les ordenó no acercarse al Conavi ni a testigos.

Según la investigación de la sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de la Fiscalía, funcionarios públicos, principalmente del Conavi, junto con personas de las empresas privadas, conformaron una red de crimen organizado.

Aparentemente, vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales son parte de las dádivas que, según la Policía, recibieron funcionarios públicos por parte de empresas privadas para obtener ventajas en licitaciones de obra pública.

La Policía sostiene que existió malversación de fondos que ocasionó un hueco presupuestario de 70.000 millones de colones.

El 14 de junio el OIJ allanó 57 lugares, entre ellos Casa Presidencial, en Zapote.

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