Vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales son parte de las dádivas que, según la Policía, recibieron funcionarios públicos por parte de empresas privadas. OIJ y Fiscalía realizan en total 57 allanamientos tanto en instituciones públicas como empresas privadas.
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Vehículos, terrenos, dinero en efectivo y favores sexuales son parte de las dádivas que, según la Policía, recibieron funcionarios públicos por parte de empresas privadas para obtener ventajas en licitaciones de obra pública.
Por este aparente “esquema de sobornos” el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía realizan la mañana de este lunes 57 allanamientos, de los cuales uno se lleva a cabo en Casa Presidencial.
Los otros sitios que serán registrados son instituciones públicas como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Consejo de Transporte Público (CTP) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Las empresas allanadas son H. Solís, Meco, Constructora Herrera, ITP y Cacisa.
El operativo incluye lugares como San Carlos, Cartago, Desamparados, Heredia y Alajuela.
Además, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que unos de los sitios que se allana es una oficina que está dentro de Casa Presidencial, que es usada por asesores presidenciales pero no es ocupada por ministros o miembros de los Supremos Poderes. Casa Presidencial confirmó que fue en la oficina del asesor de apellidos Saldarriaga Jiménez.
700 personas del OIJ están participando, incluyendo personal especializado en temas económicos e informáticos para recolección de las pruebas.
El director del OIJ, Wálter Espinoza, informó que la investigación inició en el 2018 cuando un grupo de personas denunciaron que algunas empresas ganaban licitaciones para construcción de obra pública y conservación y mantenimiento de la red vial porque tenían apoyo de funcionarios que les daban beneficios irregulares.
Según Espinoza, la investigación pudo determinar que existían relaciones y contactos indebidos y que, efectivamente, existía un esquema de pago de coimas, “que representaba daños al país porque incrementaba el costo de las obras”.
Las acciones corruptas en estos procesos ocasionaron un hueco presupuestario, entre el 2018 y 2020, que asciende a ¢78.000 millones, según el detalle que dio el jefe policial.
Los delitos y acciones investigadas son cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafas y falsedad ideológica.
Espinoza explicó que también hay involucrados funcionarios que laboran en aprobación de presupuestos, pues al parecer se tomó dinero de otros proyectos para alimentar aquellos que se relacionaban con las compañías que pagaban los sobornos.
La Policía pretende detener este lunes a 32 personas; 19 que laboran en instituciones públicas y 13 de compañías privadas, incluyendo dueños de estas empresas.
Entre las personas detenidas están Carlos Solís, exgerente financiero de Conavi, quien se jubiló hace seis meses; Carlos Cerdas Araya, dueño de Meco (detenido en Escazú) y Mélida Solís Vargas, de la empresa H. Solís (detenida en Santa Ana).
Los apellidos de las otras personas hasta ahora detenidas son:
-Detenidos en Meco: González Carballo, Arce Alpízar y Bonilla Guillén.
-En Conavi: Madrigal Rímola y Rojas Monge.
-En Curridabat: Bolaños Salazar.
-Coronado: Abarca Quesada.
-Cartago: Martínez Martínez, Mora Obando y Monge Hernández.
-San Carlos: Herrera Chacón.
-Alajuela: Castro Rodríguez.
-Heredia: Cervantes Morales, Zamora Zamora y Ureña Villalobos.
-Sabanilla: Solís Murillo.
-Desamparados: Zúñiga Fallas, Carmona Rivas, May Cantillano y Quesada Aguirre.
-Zapote: Ortiz Vega.
-San José: Chaves Mora, Quesada Pérez y Rodríguez Araya.
-San Ramón: Sánchez Castro.
-Moravia: Lobo Bejarano.
-Alajuelita: Rivera Campos.
Pero además hay otras 40 personas identificadas que estarán siendo acercadas al proceso, indicó el director del OIJ.
Espinoza resaltó que se trata de uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos tiempos.
Al parecer, se extrajeron recursos de obras como ruta 32 y otras en la zona norte para inyectar en proyectos como Garantías Sociales, Circunvalación y de conservación vial.
Unas horas después de iniciados los allanamientos, el Gobierno de la República se limitó a informar en un comunicado que “Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación”.
El comunicado agrega: “Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto
apego a las normas legales y éticas. En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan”.
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