“Es totalmente insólito en la historia del derecho internacional que un Estado que es sede y que le da el nombre al acuerdo, no sea entre los primeros (en ratificar)” manifestó el docente de Derecho Internacional de la Universidad de Costa Rica, Nicolás Boeglin, en conversación con Interferencia. El analista señala el atraso que ha sufrido el proyecto de ratificación del conocido como Acuerdo de Escazú en la Asamblea Legislativa.
“No es normal que un Estado que dice hacer tanto por el ambiente y por los derechos humanos, de pronto se sienta cohibido o incómodo con la tramitación de un tratado que precisamente busca consolidar los derechos de quienes defienden el ambiente”, agregó Boeglin.
El acuerdo de Escazú plantea, por primera vez, un mecanismo para la protección especial a las personas defensoras del medioambiente.
El próximo 24 de abril, el tratado entrará en vigencia con el apoyo de solo 12 de las 24 naciones de América Latina que firmaron el documento en el 2018 en el cantón de Escazú, en Costa Rica.
En nuestro país, la ratificación del acuerdo sigue pendiente de trámite en la Asamblea Legislativa. Nicolás Boeglin afirmó que el Poder Ejecutivo podía convocar el proyecto a discusión en el Plenario desde finales del año pasado cuando tuvo el control de la agenda Legislativa.
“Hay una gran interrogante: qué fue lo que impidió al Poder Ejecutivo desde el mes de noviembre incorporar el Acuerdo Escazú en las sesiones extraordinarias del Congreso”, cuestionó Boeglin.
Boeglin manifestó que el acuerdo surge como una necesidad en la región Latinoamericana. El analista cita cifras de un informe de Global Witness, de 2019, que señala que Latinoamérica fue la zona del mundo donde más activistas medioambientales fueron asesinados.
“En América Latina se percatan muchos Estados que hay una deuda histórica de la región con relación a la participación en materia ambiental, el acceso a la información y sobre todo, en materia de justicia ambiental”, manifestó el docente..
Nuestro país no se escapa de esa problemática, según señala Boeglin, “Costa Rica lamentablemente adeuda una lista de más de 15 nombres de personas (líderes ecologistas) que han perdido la vida y cuyos asesinatos se mantienen en la más total impunidad”.
Además, el docente recordó que en menos de un año, dos líderes indígenas costarricenses fueron asesinados, manteniéndose en la más total impunidad estos dos hechos ocurridos entre marzo del 2019 y febrero del 2020 en la región de Salitre.
“El gran problema es que detrás de esos asesinatos hay un clima de impunidad que se instala y que pareciera ser, digamos, la regla (…) y cuando se asesina a un ecologista no se asesinan solamente a la persona como tal, no se afecta solamente a la familia, sino que es un daño a una colectividad, a una sociedad en su conjunto”, aseguró el analista a Interferencia.
El acuerdo pondrá en marcha un mecanismo para garantizar el acceso a la información ambiental, para la participación en la toma de decisiones y acceso a la justicia en asuntos ambientales. El trámite para ratificar el acuerdo en el Plenario Legislativo dio inicio la segunda semana de abril, apenas pocos días antes de que el Acuerdo de Escazú entre en vigencia.
Repase la entrevista con el docente de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la UCR, Nicolás Boeglin.
