Representantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) afirmaron este lunes en conferencia de prensa que el proyecto de Ley de Empleo Público podría detener la reactivación económica del país.
Según indicaron, esa conclusión se obtuvo en una comisión que se dedicó a analizar el texto de ese plan de ley.
En la conferencia participaron el rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez; el secretario académico de la rectoría, Felipe Alpízar, y la directora del Consejo Universitario, Patricia Quesada.
El análisis elaborado en la universidad plantea que la iniciativa de ley no es clara sobre el efectivo negativo que la aplicación de ajustes al régimen de empleo público tendría en el consumo.
Además, asegura que la falta de estudios técnicos sobre las escalas de sueldos y la división de las nuevas familias salariales establecidos en el proyecto impide medir el impacto real que tiene la propuesta en la reducción del gasto estatal.
“Si existiese ese ahorro no necesariamente sería en el corto plazo, por lo que no vemos que tendría un impacto positivo en la situación fiscal del país”, manifestó Alpízar.
Añadió que, por el contrario, el proyecto podría reducir el poder adquisitivo de los trabajadores públicos y con ello “detener la reactivación económica del país”.
El rector de la UCR, Gustavo Gutiérrez, aclaró que en la institución hay conciencia de la situación fiscal del país y de la necesidad de hacer un uso responsable de los recursos públicos.
Por ejemplo, Gutiérrez indicó que la UCR trabaja en la construcción de una propuesta para modernizar la escala salarial. El rector dijo que con ello podrían “corregir las desigualdades que existen actualmente y garantizar su sostenibilidad a futuro”.
Sin embargo, indicó que tras el estudio hecho por la UCR se encontraron “una serie de asuntos extremadamente preocupantes” en el proyecto de ley de Empleo Público.
“Un proyecto de este nivel no debe ser una simple respuesta a un problema en el corto plazo”, expresó.
El análisis hecho por la UCR cuestionó que la iniciativa impulsada por el Ejecutivo presenta “severos vicios de constitucionalidad” con relación a los regímenes de autonomía administrativa de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), las municipalidades y universidades públicas.
Alpízar detalló que en el caso de las universidades, el proyecto además violenta la autonomía organizativa que le permite a las instituciones de enseñanza superior establecer sus propias políticas de contratación y salariales.
“Nos preocupa que el proyecto pueda abrir un portillo de injerencia política en las universidades públicas (…) la independencia de los centros universitarios es necesaria para que el conocimiento se produzca y transmita en libertad”, manifestó el secretario académico de la UCR.
La directora del Consejo Universitario, Patricia Quesada, añadió: “no queremos hablar de autonomía como un fin en sí mismo, sino hacer ver que esta es más bien una garantía para que el trabajo que se realiza -por ejemplo en el desarrollo de las artes y las ciencias, el libre pensamiento y la libertad de cátedra- pueda funcionar independientemente de los intereses políticos de gobiernos de turno”.
Por último, en la conferencia se cuestionó la manera acelerada del trámite del proyecto en el Plenario. La universidad pidió al Ejecutivo un receso en la discusión del texto “con el fin de dar un espacio a la construcción social y colectiva que permita regular el tema de empleo público.
La conclusión del análisis universitario es que la aprobación del proyecto de ley “podría desatar un ciclo de movilizaciones sociales que polarice aún más al país”.
“Poniendo en peligro no solo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sino la necesidad de reactivación económica del país”, destacó Alpízar.
Para elaborar el informe, la Universidad de Costa Rica conformó una comisión multidisciplinaria el pasado 20 de enero, integrada por profesionales en ciencias económicas, jurídicas y políticas públicas, que analizaron el texto de ley, así como las mociones aprobadas hasta el pasado 4 de febrero.
