(Des)empleo en pesca de arrastre: ¿cuán confiables son los datos disponibles?

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David Bolaños
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David es periodista de Doble Check. También es periodista del noticiero Interferencia, de las Radios UCR, desde mayo del 2017. Ver biografía

En resumen: Solo existe un estudio formal que calcula el impacto directo de la pesca de arrastre en el empleo de Puntarenas. Esa investigación de la Universidad Nacional (UNA) estimaba 590 empleos en el 2015. Tiene la limitación de que se calculó dos años después de la prohibición de la actividad, cuando solo quedaban 27 licencias activas.

Durante las discusiones para la aprobación de la ley también se enunciaron cifras contradictorias de beneficiados que rondaban entre las 3.000 y 5.000 empleos. Esas cifras proceden de cálculos informales hechos por el sector camaronero. Las estimaciones se hicieron sin un método replicable por lo que no pudieron ser corroboradas por Doble Check.

La diputada Carmen Chan también indicó erróneamente que la prohibición de la pesca de arrastre en el 2013 había dejado más de “3.000 desempleados”. La legisladora hizo una lectura incorrecta de un acta de Incopesca. El documento se basa en el estudio de la UNA, y proyectaba que 3.110 personas era la suma de trabajadores afectados por esa prohibición más sus familiares.

Los cálculos informales “a la alta” fueron usados por políticos y empresarios a favor de la reanudación de la actividad. El cálculo formal del 2015 fue usado por agrupaciones y políticos en contra de la práctica pesquera de arrastre.

La Asamblea Legislativa aprobó con 28 votos a favor el proyecto de ley para revivir esa práctica de pesca en el país. Aquello ocurrió el pasado 22 de octubre. El presidente de la República, Carlos Alvarado, vetó la iniciativa ocho días después.

Único estudio disponible

Un conjunto de 117 asociaciones de pesca artesanal, municipalidades, cámaras de turismo y grupos ambientalistas y comunales publicó en La Nación un campo pagado el pasado 23 de octubre. El mensaje le pedía al Presidente de la República el veto de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica.

“Esta actividad beneficiará a un pequeño sector que, según datos de la Universidad Nacional de 2015, generó solamente 590 empleos directos que no son de calidad, perpetuando y feminizando la pobreza”, afirmaba ese grupo de organizaciones en el campo pagado.

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Solicitud de veto presidencial publicada en un campo pagado en La Nación el 23 de octubre del 2020.

El estudio mencionado en esa petición es la única investigación disponible que ha medido la fuerza laboral de la pesca de arrastre semiindustrial de camarón en Costa Rica. El análisis fue realizado en el 2015 por la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA). Dicho estudio fue editado y publicado por la Fundación MarViva en el 2016. Esa fue una de las organizaciones que solicitó el veto presidencial.

Esa investigación caracterizó las condiciones socioeconómicas de ese sector en la costa del Pacífico de Costa Rica. El estudio concluyó que las 27 licencias activas que operaban en aquel momento generaban 590 empleos directos. El documento puntualiza que “más del 80% [de esos empleos] son de mala calidad, pues no alcanzan el salario mínimo de ley”.

Métodos de cálculo

¿Cómo se calculó esa población? Según el estudio, “se utilizaron datos de la Caja Costarricense del Seguro Social, entrevistas a representantes de Cámaras y Asociaciones de esta pesquería, expertos y expropietarios de embarcaciones, así como datos del Incopesca, Ministerio de Hacienda y del Banco Central”.

Doble Check conversó con el director del estudio, Martín Parada. El economista explicó a Doble Check que el equipo de investigación hizo un mapeo de las zonas donde operaba la flota camaronera y dos talleres con especialistas que integraban la cadena productiva.

“Ahí participaron los mismos camaroneros, porque ellos nos dieron un aproximado de la población, dadas las 27 licencias y las embarcaciones”, afirmó Parada. El economísta era entonces el coordinador del programa de sectores productivos, competitividad y desarrollo de la Escuela de Economía de la UNA.

Parada indicó a Doble Check que la investigación definió como empleo directo de ese tipo de pesca el trabajo de las peladoras de camarones, la tripulación de los barcos (capitán, cocinero y pescadores) y los dueños de las licencias.

“Se hizo un estimado de los trabajadores que participaban en la tripulación y eran 195 en aquel momento. Sobre las peladoras, [los empresarios camaroneros] llegaron a un consenso entre ellos que podían ser unas 400”, detalló Parada.

A partir de ese total, el equipo de la UNA estructuró una encuesta con una muestra de 130 personas del sector. El instrumento examinó características de la cadena productiva como ingresos, nivel educativo y estructura familiar de los participantes.

Limitación del estudio

Dicho estudio tiene una limitación. La Sala Constitucional prohibió la pesca de arrastre de camarón en el 2013. La corte ordenó mantener la restricción mientras no existieran estudios técnicos para validar el reinicio de la actividad y la disminución de capturas incidentales de fauna marina. La prohibición impidió la emisión de licencias de pesca nuevas o la renovación de permisos existentes. El estudio de la UNA del 2015 se hizo cuando solo quedaban 27 licencias vigentes en el país.

Otro informe de MarViva del 2010 indica que en aquel año había 46 licencias activas. Ese informe carece de información sobre la cantidad de empleos generados para entonces. Por ello no hay cálculo de los beneficios en empleo cuando la actividad tenía mayor vigor en el país.

Estimación desde sector camaronero

Uno de los principales promotores del proyecto que busca la reactivación de la pesca de arrastre fue Carlos Ricardo Benavides, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y expresidente del directorio legislativo. El legislador defendió la aprobación de la iniciativa al afirmar que “las estimaciones más cortas de generación de empleo de esto se ubican entre las 4.000 y 5.000 personas”. Así lo dijo el pasado 27 de octubre en el programa radial Hablando Claro, días después de que la Asamblea Legislativa aprobara la iniciativa con 28 votos a favor.

Esa estimación proviene de un cálculo que carece de un análisis que pueda ser verificado.

Doble Check le solicitó a Benavides la fuente de esa estimación. El diputado remitió atribuciones hechas a la Cámara Puntarenense de Pescadores (CAMAPUN). Una de esas afirmaciones se registró en el informe de una investigación de junio del 2019 titulada “Mujeres vinculadas al sector pesquero en Puntarenas: un caso sobre la feminización de la pobreza”. Fundación Arias para la Paz y Australian Aid publicaron ese informe.

El estudio atribuye la siguiente afirmación a “un representante” de CAMAPUN sin mencionar su nombre:

“El tema del camarón es complicado, se ha dicho que entre 3 mil y 5 mil personas están perdiendo su ingreso para la familia entre empleo directo e indirecto, desde que sale el camaronero, los que trabajan en la ferretería, los que trabajan en verdulería, los que trabajan en mantenimiento, los transportistas, entre otros. Eso es desempleo, es una cadena, en Puntarenas la economía está paralizada”.

Cálculo “a mano alzada”

Doble Check se comunicó con Roy Carranza, presidente de CAMAPUN. El empresario dijo a Doble Check que las estimaciones realizadas por esa cámara sobre el empleo derivado de la pesca de arrastre de camarón han sido “empíricas”, por lo que no pueden ser verificadas. “Ha sido empíricamente porque nosotros no somos estadísticos”, dijo Carranza. Él fue propietario de dos licencias de pesca de arrastre.

Carranza afirmó que esa cámara estimó que el voto de la Sala Constitucional del 2013 afectó a 3.050 personas o empresas que tenían empleos directos e indirectos con la actividad. “Sabemos que, a la fecha, ese cálculo es muchísimo mayor”, opinó.

El director del estudio de la UNA sobre empleos de la flota camaronera, Martín Parada, advirtió que esas estimaciones “son los datos que recibíamos nosotros previamente al estudio”, pero que no hay evidencia para sustentarlos.

“Creo que en esa cifra se está hablando de los servicios de apoyo a la cadena productiva, pero los servicios de apoyo no solo sirven para la flota pesquera. Por ejemplo, una ferretería que le da servicio a la flota pesquera en los materiales que ocupa pero le vende materiales a otra gente. No se le puede atribuir a la flota pesquera esos empleos como directos en Puntarenas”, dijo Parada.

El investigador de la UNA considera que las estimaciones hechas por el sector camaronero sobreestiman el subempleo y los empleos indirectos. “El efecto socioeconómico no ha sido bien valorado [en ese cálculo] y se utilizan datos a mano alzada”, agregó Parada.

Diputada citó dato de Incopesca incorrectamente

La diputada independiente, Carmen Chan, afirmó que el impedimento establecido por la Sala Constitucional a la pesca de arrastre de camarón dejó a “3.000 personas desempleadas en Puntarenas”. Eso lo afirmó el pasado 21 de octubre en el plenario legislativo durante la votación del proyecto de ley que pretendía revivir esa actividad.

La cifra de 3.000 “personas desempleadas” proviene de una lectura incorrecta.

El despacho de Carmen Chan respondió a Doble Check que “el dato de las más de 3.000 personas desempleadas pues dependen de la pesca de camarón” está referido en el acta 46-2017 del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). En esa acta, la junta directiva de esa entidad evaluó posibles consideraciones para una reforma legal “para la pesca sostenible del camarón”.

“Se ha logrado establecer la existencia de una situación crítica que enfrentan la pesca de arrastre de camarón, las personas dedicadas a esta actividad y sus familias, lo cual se convierte en una amenaza para su principal medio de vida, ya sea porque trabajan directamente en la pesca de arrastre o son dependientes para la mayoría de sus necesidades de alguien que trabaja en la actividad, llegándose a estimar una población de 3.110 personas que dependen de la pesca del camarón”, indica el acta de Incopesca.

El acta de esa institución no se refiere específicamente a más de 3.000 personas desempleadas. Por el contrario, parece hacer una suma de las personas dedicadas a la actividad y de sus familias. El acta de Incopesca remite ese cálculo a la fuerza laboral identificada por el estudio de la Escuela de Economía de la UNA en el 2015. Esa investigación estimó un promedio de cinco personas por familia entre los trabajadores asociados directamente a la actividad.

Atribución en artículo de AmeliaRueda.com

El diputado Carlos Ricardo Benavides también justificó sus estimaciones de empleos por pesca de arrastre con base en un artículo del medio digital AmeliaRueda.com de finales del 2017.

Ese texto afirma que, según Incopesca, “hay 3.756 personas vinculadas a la actividad a lo largo del Pacífico y Caribe costarricense que quedarían en condición de vulnerabilidad ante una prohibición total de la pesca de arrastre”.

La cifra es similar a la estimación citada en el acta de Incopesca que refirió la diputada Carmen Chan. El cálculo difiere por 646 personas más y no se especifica el tipo de vinculación con la pesca de arrastre.

Doble Check contactó al redactor de ese artículo, Luis Ramírez. El periodista indicó: “En ese tiempo estuve haciendo varias notas sobre la pesca de arrastre y revisé varios informes y estudios de Incopesca”. Agregó que no recordaba la fuente específica.

Doble Check intentó precisar con Incopesca los cálculos indicados en esa nota de prensa que refirió Benavides. También intentó verificar el cálculo en el acta de junta directiva que empleó Carmen Chan. La institución declinó brindar declaraciones por “respeto” al veto presidencial de la ley que pretendía revivir la pesca de arrastre de camarón en el país.

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