En resumen: El informe de mayoría acerca del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) atribuye al Informe Estado de la Educación aseveraciones que no contiene. El estudio elaborado por el Programa Estado de la Nación no sustenta –y en algunos casos contradice– algunas de las conclusiones del informe preparado por la mayoría de diputados de la Comisión Especial para el FEES.
- Es falso que la asistencia a las universidades hubiera bajado desde el 2010.
- No hay datos que sustenten que la inversión en sedes regionales no sea una prioridad.
- Es engañoso afirmar que la oferta académica sea obsoleta y que está divorciada del sector productivo.
Doble Check conversó con Isabel Román, Valeria Lentini y Marcela Román, del Estado de la Educación, para entender de qué manera el informe legislativo tergiversó algunos hallazgos del equipo de investigación. Marcela Román añadió que los diputados omitieron señalar en su informe una falla evidente en la educación superior pública: la falta de políticas para atender las brechas de género.
El informe legislativo fue aprobado por 31 diputados el 23 de junio. El Estado de la Educación sí coincide con el informe legislativo en la necesidad de apuntalar los programas de diplomado universitario. También concuerdan en que es necesario buscar tácticas para mejorar la relación entre costo y efectividad de la inversión en educación.
Falso: La asistencia a las universidades viene bajando.
El informe de los diputados asegura que “desde el año 2010 viene bajando la asistencia a las universidades tanto públicas como privadas”.
En realidad, el Estado de la Educación separa los datos en dos criterios: matrícula y asistencia.
Miremos primero lamatrícula, medida a partir de los datos del primer ciclo de cada universidad pública. El estudio destaca que la matrícula en universidades públicas subió en más de un 12% entre el 2012 y 2017. Contrario a la observación de los diputados, es en las sedes regionales donde el crecimiento ha sido más significativo (29%).
La asistencia es el otro indicador del Estado de la Educación, y se calcula de otra forma. Los investigadores miran la cantidad de personas entre 18 y 24 años, y observan qué porcentaje de ellos están estudiando en las universidades, sin importar si son públicas o privadas. Ese porcentaje ha estado estancado (distinto a decir que viene disminuyendo).
¿Por qué estancado? Marcela Román explicó que lograr aumentar la cantidad de estudiantes en las universidades públicas responde más a la educación secundaria y cada vez menos a aumentos en la cantidad de cupos universitarios.
“Probablemente, Costa Rica ha llegado al tope de su cobertura natural (en educación superior) (…) Hay unas brechas estructurales en la calidad y cobertura secundaria en las regiones que, sin que eso se mejore, no hay manera de traer más gente a la universidad… Solo que les liberáramos el requisito de tener un título de secundaria, y no tiene sentido”, dijo.
Según Román, las universidades ya incorporaron a la población de mayor acceso: jóvenes de área metropolitana, estudiantes de los colegios con mejor formación o personas de alto nivel económico.
Crecer más es difícil: por eso están estancados. Pero, aún a pesar de todo, hay una población que no está estancada y que sí está aumentando su participación en la educación superior. Se trata de los jóvenes más pobres, los jóvenes de las regiones o los jóvenes de primera generación (es decir, cuando son los primeros en la familia en ir a la universidad). Esa población sí está aumentando.
“Esto tiene sentido porque es en estos sectores donde hay margen para crecer y han sido las universidades públicas las que proporcionalmente han absorbido más a la población pobre en esas edades. También tiene sentido por la mayor presencia en las regiones y por las medidas afirmativas como las becas”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.
La afirmación del informe de los diputados, entonces, es falsa. La matrícula de las universidades públicas sí ha aumentado en los últimos diez años, especialmente en las regiones. La asistencia se encuentra estancada en todo el indicador de educación superior (pública y privada), pero no cayendo.
El estancamiento se explica por brechas estructurales que van más allá de las universidades públicas. A pesar de eso, está aumentando la participación de los jóvenes más desfavorecidos.
Diputados: la inversión en las regiones no ha sido una prioridad
Los diputados afirman que la inversión en las regiones no ha sido una prioridad. Dicen basarse en el Estado de la Educación. Sin embargo, los investigadores señalan que carecen de datos para sustentar o rechazar esa afirmación.
“Eso no se de dónde lo sacaron, pero desde el Estado de la Nación no fue”, dice Marcela Román.
La investigadora explica que hay costos asociados a las sedes que están registrados en una sola cuenta sin segregar entre sedes centrales y regiones. Román también destaca que el valor de los activos en las sedes no está contabilizado dentro del rubro de inversión.
“Si hablamos de las fincas que tenemos en todo el territorio nacional valen una fortuna, más todos los equipos, las maquinarias para hacer la agricultura y los laboratorios de veterinaria y los de agua… Tenemos una inversión brutal. No sabemos (a cuánto ascienden). Hay que hacer los números: no es tan sencillo”.
Para el próximo año, el informe del Estado de la Educación pretende hacer una primera aproximación a este tipo de datos. De momento afirman no haber publicado o contar con datos que permitan o no sustentar la afirmación de que “la inversión en las regiones no ha sido una prioridad”.
“Hemos dicho en otros informes que se hace inversión en las regiones, pero que hay estrategias que deberán revisarse para poder tener mejores resultados”, agregaron por correo electrónico Isabel Román y Valeria Lentini, también del Estado de la Educación. “En las regiones se concentra la población con beca de las universidades públicas, por lo tanto, las estrategias a revisar tendrían que ver con más elementos que el apoyo económico”.
Engañoso: La oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo
El informe de los legisladores acerca de las universidades públicas afirma que “la oferta académica está obsoleta y divorciada del sector productivo, lo que produce sobreoferta en Ciencias Sociales y un alto déficit en carreras Stem (es decir, carreras de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)”. Los diputados dicen basarse en el Estado de la Educación para afirmar eso.
Evaluemos primero la afirmación sobre la obsolescencia. El informe de los diputados usa una cita de la investigadora Valeria Lentini para justificar su título. Lentini dijo en la Comisión:
“Hicimos un ejercicio de análisis, tanto las universidades públicas como privadas, y encontramos que, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas más del 60% de las carreras en estas universidades no han actualizado sus programas en los últimos diez años. Y esto es muy importante, porque aquí sale, por ejemplo, en educación, el 70% de las carreras que ofrecen estas universidades no se ha actualizado, siendo que son esas carreras las que gradúan más docentes.”
La cita de Lentini es acerca de las universidades privadas, no acerca de las públicas. Los datos de renovación de las carreras en las universidades públicas son mucho más altos, pero el informe de los diputados los omite.
“Durante la última década, todas las universidades (públicas) realizaron modificaciones curriculares o crearon carreras, aunque a ritmos diferentes. Según los registros, en la UCR el 52% de la oferta es nueva o ha sido renovada; el 54% en el TEC, el 61% en la UNA y 70% en la UNED. En la UTN todavía el conjunto de su oferta tiene diez años o menos de creada”, dijeron Isabel Román y Valeria Lentini a Doble Check.
Román afirma que hay que hacer un cálculos más finos. “Los grandes números no valen así. Hay que partirlos”, agrega Marcela Román. Por ejemplo, en Salud, las universidades públicas solo han actualizado un quinto de su oferta (20,5%) en los últimos diez años, pero en las áreas de informática, ingeniería y computación ese porcentaje se triplica, debido a la apertura de nuevas carreras y actualización de planes.
Eso sí: el Estado de la Educación señala que el país no está dando la talla en “innovación”. Sus investigadoras consultaron a las propias universidades si creían que estaban siendo innovadores y qué barreras enfrentaban para serlo. Tanto las universidades públicas y privadas admitieron que no.
“En las universidades públicas los procesos de tramitar cosas son sumamente lentos y desmotivan a las unidades académicas para hacer cosas. Desde el sector privado lo que encontramos es que hay un problema en la regulación del Conesup que los bloquea para ser innovadores”, dice Román.
¿Qué hay de la afirmaicón sobre el supuesto divorcio entre las universidades y el sector productivo. Lo cierto es que no hay datos para afirmarlo categóricamente. Marcela Román señala la necesidad de contar con estudios de prospección laboral, que Costa Rica no tiene.
“El Estado costarricense no hace nada sobre eso. (…) Cinde hace algunas cositas, la Uccaep hace algunas cositas… Todo el mundo hace algo, pero no es una información desde la que el Estado de la Nación pueda asirse para decir cosas concluyentes. Costa Rica no hace del todo (estudios de prospección laboral)”.
Román subraya que las universidades deberían tener capacidad de prospección laboral en el largo plazo. Pero, considerando los tiempos de planificación y creación de una carrera, eso implica pensar más allá de los próximos cinco o diez años.
Los diputados se basan también en una cita del Estado de la Educación sobre todas las universidades –públicas y privadas– para indicar el déficit en carreras STEM. Omiten decir que la UCR y el TEC tienen mayor oferta académica en áreas STEM que el resto de universidades públicas y privadas del país. Se trata de carreras que requieren de alta inversión en infraestructura e insumos, por lo que son más caras.
“Este país tiene una deficiencia enorme porque no hace prospección laboral y poner porcentajes graciosos de que necesitamos un 20%, un 30% o un 50% de carreras STEM es una tontería. Eso no tiene robustez académica. No se sostiene porque no están los estudios serios. Hay que hacer los estudios de prospección laboral”, había dicho la misma Román en un foro organizado por estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UNA.
Lo que no critican los diputados y que sí cuestiona el Estado de la Educación
El informe del FEES omite también mencionar una deuda que sí ha resaltado el Estado de la Educación reiteradamente: las brechas de género.
“Que es la más grande, porque las mujeres somos la mitad. La población regional no es tanta en el promedio país… ¡Pero es que las mujeres somos la mitad! ¿Cómo se les olvidó mirar eso que es tan crítico?” , dice Marcela Román.
El informe ha resaltado muchas problemáticas relacionadas con ese tema. Por ejemplo, existen amplias brechas para que las mujeres puedan acceder a carreras como las ingenierías, Física o Computación.
“De hecho, las mujeres enfrentan con mucho miedo las pruebas de admisión en general. Hay muchas menos mujeres que aplican al TEC. Y no es casualidad”, agrega Marcela Román.
El informe concluye que los esfuerzos para resolver las brechas de género que vienen desde la secundaria son mínimos en las universidades. Los informes han documentado las problemáticas de acoso y la falta de políticas institucionales que rompas las barreras sociales que tienen las mujeres.
Tener a más mujeres estudiando en las universidades y atreviéndose a cursar carreras ocupadas mayoritariamente por hombres será también vital para el futuro del trabajo en Costa Rica. El Estado de la Nación ha insistido durante varios años en que ampliar la proporción de mujeres ocupadas en el país podría disminuir la pobreza y la desigualdad en el país.
Las coincidencias
Los diputados aseguran en sus conclusiones que las universidades públicas deben “crear y desarrollar más programas de diplomados universitarios, como una herramienta para democratizar la educación superior en las regiones”.
“Eso sí se deriva de nosotros. Hay que revalorizar en el sistema público el nivel de diplomado, que lo tenemos abandonado. Y eso ha generado un escándalo”, dice Marcela Román.
En general, el Informe del Estado de la Educación asegura que los diplomados en el país son mucho menos frecuentes que los bachilleratos y las licenciaturas. Esa carencia es problemática, pero podría ser una oportunidad especial para las regiones, donde la idea de impartir ciertas carreras de sedes centrales puede tener muchos obstáculos.
El Estado de la Educación también coincide con los diputados en que las universidades deben buscar mejores formas de ser costo-efectivas. Cómo abordar esa problemática tiene –sin embargo– una respuesta diferente para las investigadoras. Proponen varias soluciones omitidas por los diputados, por ejemplo, la educación virtual.
“Es ridículo seguir gastando dinero en infraestructura, teniendo la tecnología. La UNED ha demostrado en extenso que la gente sí es buena. ¿Por qué no aprovechamos el gran conocimiento que tenemos en ese sistema para extender la oferta de otra manera más inteligente en todo el país?”, dice Román.
Representantes universitarios estudiantiles también mencionaron otra propuesta en la Comisión Especial del FEES. Su sugerencia es evitar la duplicidad de gastos administrativos al permitir que las sedes puedan ser administradas por el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
“Yo no haría una lectura inocente de la mala calidad de ese informe, y de las relaciones de causalidad que no existen y que apelan a los datos del Estado de la Educación –que se los agradezco, porque parece que es un criterio de autoridad– para justificar sus posiciones. A pesar de eso, pienso que hay un interés legítimo de muchos legisladores de que mejoremos. (…) Nosotros tenemos que tener la capacidad de responder con propuestas: estas sí, estas no, y estos son los argumentos y la evidencia empírica, no ideología”, cerró Román.
Nota del editor: Doble Check es un proyecto financiado por la Universidad de Costa Rica. Esta institución, a su vez, está financiada mayoritariamente por el FEES. La información en esta nota se trabajó con independencia de esta relación, pero se considera necesario transparentar un potencial conflicto de interés de cara a nuestra audiencia.
Esta nota fue corregida. Una versión anterior afirmaba que la propuesta estudiantil de que CONARE administrara las sedes regionales también estaba contenida en el Informe Estado de la Educación, lo cual era incorrecto.
