Migrantes que vinieron en busca de refugio y ya tenían algún tipo de ingreso económico ahora están viviendo en la calle. La pandemia frustró sus opciones laborales
La pandemia de COVID-19 ha forzado a vivir en la calle a decenas de nicaragüenses que habían buscado refugio en Costa Rica por la represión y la violencia que inició el gobierno de Daniel Ortega contra su oposición política desde el 2018.
La crisis política que inició en Nicaragua desde abril del 2019 dejó un saldo de 328 muertos, 3 desaparecidos, 700 detenidos y enjuiciados y más de 70.000 personas exiliadas, de acuerdo a un informe que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en septiembre pasado. Según ese reporte, unos 55.000 exiliados se habían movilizado a Costa Rica.
La situación de esas personas en la provincia de San José ya era crítica, pero habían subsistido con trabajos informales y la ayuda de otros compatriotas. Aún así, la pandemia que inició en marzo de este año rompió esa frágil estabilidad por la pérdida de oportunidades laborales. La tasa de desempleo en Costa Rica llegó a 15.7% al mes de abril, la cifra más alta de la historia.
Ahora, esos exiliados enfrentan los efectos de dos crisis: una es política y la otra es sanitaria. La única salida para algunos de ellos ha sido refugiarse en la intemperie.
Interferencia conversó con varios de esos migrantes en las calles del centro de San José entre mayo y junio. Estos son algunos de esos testimonios:
Carlos Quintanilla
Carlos Quintanilla es solicitante de refugio nicaragüense y vive en San José desde hace dos años. Él es vendedor ambulante en las cercanías del parque de La Merced, pero sus ventas se desplomaron al implementarse las medidas de distanciamiento social y no pudo seguir pagando el alquiler de una vivienda. Su esposa tuvo que regresar a Nicaragua y su hijo de 10 años duerme en casa de su primo, aunque no hay espacio para todos. Por eso, desde marzo, Carlos asegura que ha tenido que dormir en la calle durante casi dos meses.
“Me prestaron para comprar audífonos y cargadores. ¿De dónde voy a agarrar si ahora nadie compra?”, dijo.
La familia de Quintanilla le avisó que su madre de 72 años de edad, Daisy Campos, falleció el 23 de mayo por COVID-19 en Nicaragua pero que su muerte fue registrada como un paro cardíaco. “No dejaron que la velaran ni nada”, añadió.
León Navarrete
“Llegué hace un año a Costa Rica, para salvar mi vida. Me echaron preso cuatro veces durante las protestas en Nicaragua. Aquí conseguía trabajo, pero la gente me ayudaba”, dijo León Navarrete (52 años). León afirmó que perdió esas colaboraciones desde el inicio de la pandemia, por lo que debió dormir en la calle. El grupo Coalición de Nicaragüenses en el Exilio le ofreció alojamiento en una cuartería en el centro de San José, en una habitación de unos 2 metros de largo y 4 metros de ancho donde a veces dormían hasta 6 exiliados. Navarrete dice que solicitó refugio formalmente pero que su caso no había sido resuelto.
“Aquí ha sido perra la vida”, dijo León.
Según Noemí Pavón, miembro de la Coalición de Nicaragüenses en el Exilio, Navarrete optó por dejar la cuartería y regresar a Nicaragua a inicios de junio, a pesar de los posibles riesgos a su seguridad.
Darwin Pérez
Darwin Pérez (25 años) carga en una bolsa de plástico su ropa y la de su primo, Axel García. Darwin aseguró que estado en situación de calle varias veces desde que llegó a Costa Rica en busca de refugio a mediados del 2018. Dice que ha intentado dedicarse a ventas ambulantes en el centro de San José, pero ahora lleva más de un mes en la calle nuevamente. “Tenía como 6 meses de estar pagando cuarto porque las ventas me estaban yendo bien, pero esta vara nos tiene feo a todos”, afirmó.
Carlos Rodríguez
Carlos Rodríguez (42 años) solicitó refugio a mediados del 2018. Su permiso de trabajo le permitió laborar como ayudante de albañil en Guanacaste. Dice que regresó a San José pero le robaron sus pertenencias y sus documentos, y no pudo recuperar su empleo en Guanacaste. “Gracias a Dios he sobrevivido pidiendo aquí”, dice Carlos, aunque lamenta que las personas ahora se apartan de él porque temen que esté enfermo con COVID-19. Dice que ha considerado regresar a Nicaragua.
“Hay veces mejor me digo que me estoy aquí. Hay veces de que por las noches que me pongo a llorar, porque cuando me estoy comiendo un bocado de comida, pienso en mis hijos. Es lo que más me duele”.
Erick Robleto
Erick Robleto se identifica como exmiembro de la Policía Nacional nicaragüense, pero dice que fue apresado desde junio del 2018 por apoyar las protestas ciudadanas. Afirma que fue excarcelado en junio del año pasado pero comenzó a recibir múltiples amenazas de muerte, por lo que optó por solicitar refugio en Costa Rica el 27 de febrero de este año.
Desde entonces, Erick subsistía gracias a las ayudas de otros compatriotas. Sin embargo, la pérdida de empleos y la reducción de jornadas laborales hicieron que esas personas no pudieran ayudarlo. Erick aún alquila una pequeña habitación en una cuartería del centro de San José gracias a un empleo temporal de 3 meses como guardia de seguridad en Heredia, aunque no sabe qué hará cuando esa opción se agote.
“Si me quedo sin ingresos, no me queda opciones. A veces he sentido ganas de volverme a regresar a Nicaragua, sabiendo las consecuencias y el grado de peligro, de que a la entrada de Nicaragua corro peligro de que me asesinen si me agarran. Pero por lo menos allá hay gente que me conoce de años y me pueden apoyar en comida o algo porque aquí a veces me desespero”, dijo Erick.
Más de 3.700 personas están en condición de calle en Costa Rica, la mayoría en San José, según datos de enero del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). El grupo Coalición de Nicaragüenses en el Exilio dice haber identificado al menos 50 solicitantes de refugio nicaragüenses en condición de calle por el impacto económico de la pandemia.
