La Inspección Judicial de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación de oficio contra el juez notarial, Francis Porras León, luego de que este le pidiera a la jueza de Familia de Desamparados, Mauren Solís Madrigal, anular el matrimonio entre el activista Marco Castillo y su pareja, Rodrigo Campos.
La oficina de prensa del Poder Judicial confirmó que se inició la investigación al tener conocimiento del tema por publicaciones en medios de comunicación.
El martes 26 de mayo, la jueza Solís realizó la unión de Castillo y Campos pues ese día entró en vigencia el matrimonio igualitario en Costa Rica.
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El juez notarial Porras presentó entonces un “incidente de nulidad absoluta” y “oposición al matrimonio”, alegando que faltaba un día para que entrara en vigencia esa figura jurídica, a pesar de que el 26 de mayo se cumplía el plazo otorgado por la Sala Constitucional.
En su gestión, Porras se presentó como “abogado y notario”, sin especificar que él había sido el juez que sancionó a Castillo por haber casado a dos mujeres en el 2015, debido a que una de ellas había sido inscrita con sexo masculino.
La jueza Solís le rechazó la gestión indicándole que él no tenía legitimidad para pedir la anulación de ese matrimonio. Le cuestionó la falta de conocimiento del Código de Familia y le advirtió que podía tener consecuencias disciplinarias o de otra índole por actuar “maliciosamente” y por haber una aparente persecución de su parte contra Castillo.
