Nicaragua huele a muerte. 42 personas fueron asesinadas, en menos de dos semanas de manifestaciones y reclamos callejeros, en las principales ciudades nicaragüenses.
El gobierno del sandinista, Daniel Ortega apenas y reconoce una ínfima parte de esa lista y en cada aparición pública, tanto del mandatario, Ortega, como su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, apenas y hacen mención a las protestas iniciadas el pasado 19 de abril en contra de la reforma al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Hasta el pasado viernes, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) contabilizó 41 muertos en las protestas pero durante los últimos días, la cifra se incrementó. CENIDH además denuncia desplazamiento forzado de personas que participan de las protestas.
La organización Human Rights Watch instó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) a convocar de urgencia a su Consejo Permanente para presionar el gobierno nicaragüense para que permita que las investigaciones sobre lo sucedido, las realice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En #Interferencia conversamos con el sociólogo nicaragüense, Darvin Sánchez para entender lo que sucede en el vecino país.
“Desde que Daniel Ortega llegó al poder, empezó a poner en ciertos lugares estratégicos e institucionales a las personas de mayor confianza y a su familia”, recuerda Sánchez, quien añade “acaparó las instituciones más importantes del país y además reformó la Constitución. Eso supone que la familia Ortega ha venidos sustentando las bases para un gobierno dictatorial”.
