Nuevas tecnologías plantean enormes desafíos para la libertad de expresión en nuestro país

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Por: Francisco Ruíz. 

Si bien internet permite que las personas tengan mayor incidencia y protagonismo en los procesos sociales y políticos, este nuevo espacio plantea retos para lograr un ejercicio plural e igualitario de derechos como la libertad de expresión.

Así lo dejó ver el primer Informe del Estado de la Libertad de Expresión en Costa Rica, elaborado por el Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) y el Programa de Libertad de Expresión, Derecho a la Información y Opinión Pública (Proledi), ambos de la Universidad de Costa Rica.

“Conforme han evolucionado las tecnologías, los conceptos de libertad de expresión, libertad de prensa, acceso a la información pública se han ido adaptando y hoy las nuevas tecnologías constituyen un verdadero reto, considera la directora del Cicom, Patricia Vega.

Además, para la coordinadora del Proledi, Giselle Boza, “los alcances del derecho a la libertad de expresión en el entorno digital plantean nuevos debates y nuevos desafíos para las sociedades democráticas”.

Dentro de estos desafíos se incluyen la velocidad funcional de acceso a internet móvil, el debate sobre la neutralidad de la red, las brechas de acceso y las políticas tarifarias restrictivas existentes en el país.

CASO DE COSTA RICA

Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares del 2015, el 60,2% de las viviendas en Costa Rica cuentan con acceso a internet.

Esta cifra coloca al país dentro de los tres primeros con mayor penetración de internet en América Latina, junto con Chile y Uruguay, según datos de la Cepal.

Sin embargo, existe una alta disparidad entre la región Central y el resto del país, pues el 70% los hogares con acceso a internet se encuentran en esta región.

Además, para 2016 existían más de 5 millones 200 mil suscripciones de acceso a internet desde dispositivos móviles, según la Sutel. Esta cantidad representa un crecimiento del doble desde el año 2012.

A pesar de este panorama que pareciera alentador, jurídicamente el país está atrasado en esta materia, pues faltan mecanismos legales para hacer eficiente el derecho a acceso a internet.

El acceso a internet como tal no está reconocido como un derecho, no existe legislación al respecto. Sin embargo, existe jurisprudencia que ha servido para garantiza, de alguna manera, este derecho.

En un voto de la Sala Constitucional del 2010, se establece que, como parte de una sociedad de la información y del conocimiento como la actual, “el derecho de todas las personas a acceder y participar en la producción de la información y del conocimiento se vuelve una exigencia fundamental, por ello el acceso y la participación deben estar garantizados a la totalidad de la población”.

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