La verdad detrás de Cero Ocio: participación ocupacional en cárceles cayó 27%

Gobierno promete acabar con “ocio” carcelario

Casa Presidencial presentó Cero Ocio el 17 de junio, durante una conferencia de prensa cuya transmisión tuvo un pase en vivo en las cercanías del aeropuerto Juan Santamaría. Mientras un grupo de privados de libertad cortaba el monte al lado de la calle, la presidenta presentó la actividad como una ruptura histórica.

“Creo que este es un día que el pueblo de Costa Rica ha estado esperando durante muchas décadas: ver a las personas que están en la cárcel participando de actividades productivas”, celebró Laura Fernández.

El ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, reforzó esa idea: “Vamos a poner a los privados de libertad a trabajar para que no estén de vagos y que sean productivos para el país”, afirmó el jerarca.

El discurso se repitió el 26 de junio, cuando el Ejecutivo mostró en otra conferencia una cuadrilla que limpiaba Circunvalación Norte. El video oficial que introdujo la actividad aseguró: “A la cárcel llegó el orden y la disciplina y con esto se les acabó el ocio a los privados de libertad”.

Fernández fue todavía más enfática cuando presentó la inactividad como una decisión de la población recluida: “El pueblo de Costa Rica estaba muy cansado de mantener vagos en las cárceles, de pagarles la comida, el techo, la protección y que no devuelvan al pueblo de Costa Rica con este tipo de servicios comunitarios”, dijo la presidenta.

Cero Ocio también es el nombre con el que el Gobierno tituló un proyecto de ley para ampliar y regular las actividades productivas penitenciarias. La propuesta permitiría celebrar convenios con instituciones públicas y empresas privadas, cobrar por los servicios prestados, crear un fondo administrado por el Ministerio de Justicia y distribuir el subsidio generado por el trabajo entre distintos fines.

El documento presenta la inactividad en las cárceles como una carga para el resto de la población. Según la iniciativa, “el ciudadano honesto trabaja para pagar sus necesidades, mientras que el sistema penal costarricense ha permitido que el infractor disfrute de un ocio financiado por el Estado”.

Gobierno de Chaves eliminó incentivo

Dos meses antes del lanzamiento de Cero Ocio, el propio Ministerio de Justicia había eliminado una modalidad de retribución por las actividades ocupacionales de privados de libertad.

El 6 de abril, todavía durante el gobierno de Rodrigo Chaves, la Dirección General de Adaptación Social emitió la circular DGAS-003-04-2026, denominada “Lineamientos para regular las actividades ocupacionales de la población adscrita en proyectos operativos en todos los establecimientos penitenciarios del país”.

Según explicó Justicia a Doble Check, el transitorio único de la circular dispuso que, desde su entrada en vigor, se eliminara “el pago del incentivo económico institucional para todas las actividades ocupacionales”, independientemente del nivel de atención penitenciaria.

La decisión no acabó con todas las modalidades remuneradas: continuaron siendo posibles los pagos provenientes de empresas privadas, las actividades autogestionarias remuneradas y el trabajo independiente. No obstante, la circular suprimió el incentivo financiado directamente por Justicia.

Cero Ocio, pero el trabajo carcelario bajó

El año en que el Gobierno decidió retratarse como el enemigo del ocio en las cárceles fue también el año en que menos privados de libertad participaron en actividades ocupacionales. El promedio mensual bajó de 7.597 personas en 2025 a 5.560 hasta el 31 de julio de 2026: una caída de 26,8%.

El descenso fue particularmente pronunciado entre quienes percibían una remuneración por sus labores. Las actividades remuneradas pasaron de un promedio de 2.536 participantes en 2025 a 1.376, una reducción de 45,7%. Las actividades no remuneradas también disminuyeron: de 5.061 a 4.184 personas.

Justicia documenta el trabajo carcelario con promedios mensuales, lo cual permite comparar la participación en 2026 aunque el año aún no haya terminado. En otras palabras, el dato no dice cuántas personas han trabajado en total durante el año, sino cuántas participaron en promedio durante los meses de los períodos reportados.

La caída más reciente del trabajo penitenciario coincide con la decisión gubernamental de dejar de pagar una modalidad de trabajo desde abril. Cero Ocio tampoco compensó el descenso: según los datos remitidos por Justicia, el nuevo programa empezó con 116 participantes, apenas una fracción de las más de 2.000 plazas que desaparecieron del promedio general entre 2025 y 2026.

Cobertura laboral baja mientras la población carcelaria sube

La caída de 2026 fue brusca, pero no apareció de la nada. Durante el gobierno de Rodrigo Chaves, los programas ocupacionales avanzaron en una dirección y la población carcelaria en otra.

En 2021, último año completo del gobierno de Carlos Alvarado, Justicia registró un promedio mensual de 7.924 personas en actividades ocupacionales. En 2025, al terminar el último año completo de la administración Chaves Robles, el promedio era de 7.597 reclusos. 

La disminución fue de 4,1%, lo cual no parece tan significativo. El detalle es que las cárceles han aumentado su población total.

La población recluida pasó de 15.537 personas a finales de 2021 a 19.108 al 15 de noviembre de 2025, la fecha más cercana al cierre de ese año disponible para este análisis. Mientras la participación ocupacional bajó ligeramente, la población carcelaria aumentó alrededor de 23%.

El resultado fue una reducción considerable de la cobertura estimada. En 2021, aproximadamente 51% de la población recluida participaba cada mes en actividades ocupacionales. Hacia finales de 2025, la proporción rondaba 40%.

Para conservar en 2025 la cobertura de 2021, Justicia habría necesitado incorporar a unas 2.150 personas adicionales en sus programas laborales, pero eso no ocurrió. El número de participantes terminó ligeramente por debajo del registrado cuatro años antes, aunque para entonces había cerca de 3.600 reclusos adicionales.
 

 El cálculo de Doble Check es una aproximación basada en los datos del Ministerio de Justicia y Paz. El análisis compara promedios mensuales de participación con fotografías de la población penitenciaria tomadas en fechas específicas. Este cálculo sí permite concluir que el problema que Laura Fernández presentó como una herencia de “muchas décadas” se profundizó durante el gobierno inmediatamente anterior, el mismo proyecto político del que ella se proclama como la continuidad.