El uso de detectores de mentiras y seis proyectos centrados en castigos, son parte de las medidas con que la presidenta Laura Fernández y su gabinete buscan hacerle frente a la actual crisis de seguridad nacional.  

En Desayunos de Radio Universidad, el ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Alfredo Chirino, presentó el cuestionamiento del Colegio de Abogados ante dichas iniciativas; que podrían generar conflictos constitucionales sin resolver el crimen organizado. 

El polígrafo como coacción y no como prueba 

El ex decano explicó que la agenda política gira en torno a la exigencia de someter a jerarcas y funcionarios judiciales a pruebas de polígrafo. El dispositivo mide respuestas fisiológicas, como la sudoración o variaciones en la presión arterial, pero carece de validez científica para establecer culpabilidad. En lugar de buscar evidencia, el mecanismo se utiliza para insinuar vínculos con el crimen organizado si el individuo rechaza someterse al escrutinio. 

"El polígrafo no es un instrumento de averiguación de la verdad. Si así fuera, podemos cerrar todos los tribunales y juzgados penales y ponemos polígrafos para que la gente declare ante ellos y ellos van a determinar la verdad", indicó Alfredo Chirino.  

Amenaza al Estado de derecho 

La presión por implementar herramientas sin base jurídica se suma al paquete de seis proyectos legislativos que alteran directamente principios constitucionales. Las reformas proponen lineamientos que van desde la inversión de la prueba probatoria hasta la penalización de individuos por el mero hecho de aparentar vínculos con agrupaciones delictivas. 

Esta tendencia refleja un giro institucional hacia el derecho penal de autor, un modelo que sanciona características personales o perfiles estéticos en vez de perseguir actos materiales comprobados. 

"Nunca han estado tan difíciles los tiempos para la democracia y para las garantías como estos", advirtió Alfredo Chirino. "No tenemos que olvidar, la mejor forma de obtener seguridad es proteger las garantías y los derechos constitucionales", agregó. 

De frente al crimen organizado 

Pese al debilitamiento de las garantías procesales, los análisis jurídicos que señaló el exdecano apuntan a que estas propuestas no desarticulan el núcleo de la violencia. Las reformas introducen agravantes sobre delitos que ya están regulados o castigan conductas abstractas, alejándose de las estrategias necesarias para combatir las dinámicas financieras de los cárteles. 

"Ninguno de estos proyectos examinado con total rigor va a tener una incidencia directa importante en el impacto de la criminalidad que más nos afecta, que es precisamente la criminalidad organizada y por supuesto el narcotráfico", detalló Alfredo Chirino. 

Además de ineficaces contra el narcotráfico, las reformas amenazan con colapsar el sistema penitenciario al eliminar opciones de reinserción y arraigo a la hora de dictar medidas cautelares. 

"Costa Rica es uno de los países con mayor prisionización en América Latina. Las posibilidades de que una persona vaya a prisión hoy son muy altas y eso está generando efectos colaterales gravosos como la sobrepoblación carcelaria", puntualizó el exdecano. 

De acuerdo con el análisis, el enfoque represivo que domina el debate público construye la falsa idea de que la severidad normativa y punitiva equivale a prevención táctica. Los retrocesos en materia de derechos humanos dentro de las cárceles y la alteración de procesos judiciales apuntan a que el impacto de estas políticas recae sobre las poblaciones más vulnerables, operando como una ilusión penal que deja intacto el poder operativo de las grandes redes criminales.