Política carcelaria y seguridad, entre los límites de la mano dura frente a la violencia

Ante el incremento histórico de la violencia homicida en Costa Rica, las recientes propuestas gubernamentales apuestan por endurecer el sistema penitenciario y emular medidas internacionales. Sin embargo, enfocar la solución únicamente en el castigo carcelario ignora las causas estructurales del delito.  

Según Feoli, estas tácticas funcionan más como una estrategia mediática que como una política criminal efectiva. Asimismo, señaló que el Poder Ejecutivo ha convertido el tema carcelario en un instrumento para evadir responsabilidades. Las propuestas de aplicar una narrativa de mano dura simplifican una crisis que demanda abordajes preventivos y sociales. 

El espejismo del modelo salvadoreño 

Según se señaló en el programa, la discusión pública actual sugiere replicar el modelo de El Salvador, país que reporta una disminución del crimen mediante un régimen carcelario estricto y una tasa de encarcelamiento de 1.659 personas por cada 100 mil habitantes. No obstante, las realidades delictivas de ambas naciones difieren sustancialmente. 

El exministro explicó que Costa Rica no enfrenta pandillas ni maras, las cuales son agrupaciones identitarias unidas por vínculos territoriales. El crimen organizado local está vinculado al tráfico de drogas y opera de forma atomizada, lo que impide cercar barrios enteros de forma militarizada. Además, la extensión territorial costarricense hace inviable aplicar operativamente esas estrategias de encierro geográfico. 

El país ya experimentó con el punitivismo penal en décadas pasadas sin observar reducciones sostenidas en la violencia. Históricamente, se aprobaron cientos de reformas para endurecer castigos y aumentar penas máximas, pero los resultados no respaldaron la premisa de que las sentencias más largas desincentiven la comisión de delitos. Por ejemplo, la Ley 7389 de 1994, que elevó la pena máxima de 25 a 50 años de prisión.  

Investigaciones realizadas en la Universidad de Costa Rica por Giselle Boza, Jesús Ureña, Marco Feoli y Maricel Gómez, concluyeron que las reformas respondieron más a presión mediática y cálculo electoral que a diagnósticos delictivos. Fueron leyes simbólicas, no respaldadas en datos reales. Los legisladores, buscando "innovación" contra el crimen, terminaron en una inercia que regresa a modelos penales probadamente ineficaces para la resocialización y el control social. 

Derechos constitucionales y hacinamiento 

En ese sentido las autoridades han propuesto medidas como reducir visitas, intervenir conversaciones entre personas privadas de libertad y sus defensores, e imponer labores no remuneradas. Estas iniciativas entran en conflicto directo con el debido proceso y las garantías constitucionales del país. Sobre ello cuestionó el especialista, recordando que el sistema penal puede afectar a cualquier ciudadano en distintas circunstancias.  

Sobre la promesa de construir una megacárcel, el análisis apunta a que responde a la necesidad de mitigar el hacinamiento provocado por el aumento de la población penal, que se duplicó a casi 20 mil personas en diez años. La efectividad de este proyecto genera dudas operativas, ya que la concentración masiva en un solo recinto, sin el personal técnico y policial adecuado, favorece el control territorial del crimen organizado en su interior y agudiza la crisis institucional. 

Presión sobre la independencia judicial 

El Exministro reitera que el discurso oficial responsabiliza frecuentemente a los jueces por la crisis de inseguridad, utilizando casos mediáticos donde se aplican medidas alternativas para debilitar la imagen del Poder Judicial.  

Esta narrativa desconoce que la prisión preventiva es una herramienta de aplicación excepcional estructurada para evitar abusos del Estado, no una condena adelantada. 

Frente a estas presiones y señalamientos, el análisis sugiere que los tribunales requieren establecer vocerías activas que expliquen sus procesos directamente a la ciudadanía. Responder con firmeza institucional ayudaría a combatir la desinformación sobre los fundamentos de las resoluciones judiciales. 

Para el final del programa se clarifica que la gestión de la seguridad ciudadana exige respuestas que trasciendan los discursos punitivos de corto plazo. Aceptar la reducción de derechos fundamentales bajo la promesa de orden, debilita el tejido institucional democrático. Y que la mitigación sostenida de la criminalidad requiere abordar sus raíces estructurales, entendiendo que el sistema de justicia opera para proteger las garantías de la sociedad en su conjunto, no como una herramienta aislada de represión.