En 1948, cuando Costa Rica eliminó el ejército, el Estado destinó el presupuesto militar a educación y salud, y llamó a los docentes a enseñar en zonas sin caminos y con fiebre amarilla, como Puntarenas, Limón y Guanacaste. Con una expectativa de vida de 58 años, los docentes pidieron una pensión equivalente al último salario. Así nació la Ley 2248, financiada con un aporte del 5% de los docentes, 5% de los patronos y 5% del Estado. 

La ley ordenaba crear un organismo para administrar ese fondo. Ese organismo, que luego sería la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema), nunca se formó. El Estado manejó los recursos directamente y los destinó a otros gastos. El dinero nunca se capitalizó, y para 1992 la falta de reservas obligó a trasladar al Magisterio al Régimen Transitorio de Repartos (RTR). 

Sobrado calculó que casi el 90% de lo que el Estado gasta de su presupuesto en pensiones corresponde al Magisterio: "Es una deuda que el Estado adquirió por haber malversado los fondos". Salazar fue más dura sobre el resultado del traslado al RTR: "Nos quitan la mitad de nuestra pensión para pagarnos a nosotros mismos otra vez, dígame usted si eso no es una cuestión ridícula. La malversación de fondos es un delito". 

A esa reducción se sumó después el impuesto solidario, que recortó aún más los ingresos del sector para financiar, en teoría, el régimen no contributivo. Los montos de las pensiones más bajas están congelados desde 2019. 

El costo de una pensión reducida 

Para Salazar, el recorte de la mitad del ingreso golpea sobre todo la salud de los pensionados. Varios de sus compañeros perdieron propiedades que habían planificado con años de anticipación; otros tuvieron que cancelar servicios de cuido para familiares enfermos. Ella misma vio morir a varios compañeros después de que sus pensiones bajaran. 

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Sobrado y Salazar coinciden en que el discurso público los presenta como beneficiarios de privilegios que no cotizaron. Sobrado lo resume así: "Siendo víctimas nos han convertido en victimarios: nos están presentando ante la gente como pensionados de lujo habiéndose cotizado y habiéndose sido saqueados por el estado". 

La Asamblea Legislativa discute ahora el expediente 24.786 que pretende imponer un tope a todas las pensiones del Poder Judicial, el Magisterio Nacional y aquellas con cargo al Presupuesto Nacional, alineándolas al límite establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin distinguir las diferencias estructurales entre ellos.

Según los jubilados, el proyecto se apoya en un estudio actuarial que solo mira la situación actual del fondo, sin considerar el capital que existiría si el Estado hubiera invertido los aportes en vez de gastarlos. El expresidente de la República Rodrigo Chaves, además, vetó en abril de 2026 el proyecto 24.353 que habría descongelado las pensiones más bajas. 

Salazar advirtió que la ley en discusión no afecta solo a los pensionados actuales, sino a quienes todavía cotizan: "Esta ley no solo nos va a afectar a nosotros los pensionados sino a las futuras generaciones. Mi hijo me dice: mami, yo estoy seguro que yo no voy a tener pensión".  

Los jubilados del Magisterio insisten en que la deuda es del Estado, no de quienes cotizaron durante toda su vida laboral. Quién carga con el costo de ese error administrativo de hace más de tres décadas, sigue sin respuesta.