Fotografía: Laura Rodríguez, OCI-UCR.
Comunidad que administra el Parque Nacional Cahuita denuncia retención de fondos por parte del Gobierno
Mathew Chaves
radioemisoras@ucr.ac.cr
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Comunidad que administra el Parque Nacional Cahuita denuncia retención de fondos por parte del Gobierno
El Parque Nacional Cahuita es el único parque nacional donde los primeros habitantes nacieron dentro de sus límites. Ahí están sus casas, sus fincas y hasta dos cementerios.
"No podemos hacer una separación entre lo que es la comunidad y el parque, porque el parque es nuestro patio, nuestro patio trasero", dijo la vicepresidente de la Asociación de Desarrollo Integral de Cahuita (ADIC), Valeria Rose, en una entrevista con Comunidad Radios UCR.
La historia de este paraíso del Caribe Sur es también la historia de su gente. El parque fue declarado monumento nacional en 1970 y parque nacional en 1978. En los años 90, cuando el gobierno quiso cobrar una tarifa de $15 en Playa Blanca, la comunidad se organizó y logró algo inédito: que la Asociación de Desarrollo administrara los ingresos de esa entrada.
Así nació el modelo de gobernanza compartida, formalizado en 2016 con el Decreto Ejecutivo 40110. En el Consejo Local de Manejo se sientan la ADIC, la Asociación de Pescadores, la Asociación de Guías, el centro diurno de adultos mayores, la Cámara de Comercio y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), que tiene la secretaría del consejo.
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"En conjunto tomamos todas las decisiones de las diferentes cosas que suceden en el parque", Valeria Rose.
La particularidad financiera es clave. En Playa Blanca no se cobra tarifa: se recibe una contribución voluntaria. En Puerto Vargas sí hay un cobro de $5.
Según la ADIC, los fondos de Playa Blanca también sostienen la operación de Puerto Vargas, que le corresponde al gobierno. Ese modelo ha dado resultados: el parque tiene Bandera Azul Ecológica con siete estrellas y un reconocimiento internacional Blue Park.
El problema estalló cuando venció el convenio entre el Sinac y la ADIC. El acuerdo se firmó en 2017 por cinco años y expiró en 2022. Según la ADIC, el convenio establecía que los ingresos se depositaran en la Caja Única del Estado y que el Estado los devolviera cada tres meses para operar el parque.
Sin embargo, el Sinac rompió el convenio porque nunca hizo la devolución del dinero, según afirmó el presidente de la ADIC, Bentlin Villalobos. "Se depositaron los dineros por más de 6 meses y esos dineros nunca volvieron".
En abril de 2024, la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que la ADIC seguía administrando recursos públicos sin un convenio vigente con el Sinac.
La Contraloría calificó la situación como "importantes irregularidades legales" y señaló que el parque se venía gestionando "al margen de la legalidad". El manejo de ese dinero actualmente es objeto de una investigación penal por el presunto delito de peculado. El caso se tramita bajo el expediente 23-000397-1218-PE.
Una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asegura que en Playa Blanca faltaron recibos y que la plata de la contribución voluntaria no cuadra, por hechos ocurridos entre marzo y abril de 2026, según la carta SINAC-ACLAC-PNC-038-2026 del 7 de mayo.
El Sinac suspendió cualquier acto de administración de la ADIC en Playa Blanca mediante la resolución SINAC-SE-DE-R-0125-2026. La comunidad sostiene que las fallas humanas se detectaron, se denunciaron y se corrigieron, y que los fondos siempre se destinaron a la conservación.
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"Las fallas humanas que se dan, se dan no solamente en el Parque Nacional Cahuita, sino que se han dado a nivel estatal", Valeria Rose.
La comunidad trabaja en dos vías. Primero, negocia un convenio transitorio con el Sinac que debe ser avalado por la asamblea de la ADIC. Segundo, impulsa un proyecto de ley que le dé seguridad jurídica al modelo para que no dependa de la voluntad política de cada gobierno. "A uno no le pueden quitar lo que le pertenece y muchísimo menos un modelo que en varias ocasiones ha sido probado", afirmó Rose.