Más de 150 víctimas colaterales han sido asesinadas durante este Gobierno

Afirmación de Vargas sobre la inseguridad

La edición del 7 de septiembre de la Revista Dominical de La Nación incluyó una entrevista al diputado oficialista, Daniel Vargas, en donde se refirió a temas como la inmunidad presidencial, el desempeño del Congreso, el rumbo de su partido y la inseguridad en el país.

Vargas reconoció que los homicidios representan un “desastre nacional” y que “ni uno solo de los homicidios se justifica en este país y no deberían existir”. El diputado también defendió la gestión del Gobierno: sostuvo que los delitos comunes han mostrado mejoría en los indicadores oficiales y que la violencia se debe principalmente a disputas entre bandas criminales.

“Que no suene feo, pero siendo diputado de la República, yo no tengo problema en moverme por cualquier lugar de Costa Rica. O sea, la guerra y la lucha no es conmigo, la criminalidad común ha disminuido. Desastrosamente, hay grupos que se están enfrentando entre ellos, que están ocasionando el comportamiento de ese indicador [los homicidios] por una guerra de territorios”, dijo Vargas.

Además, el legislador oficialista intentó minimizar las críticas de sus colegas de oposición. “Cuando aquí, en plenario legislativo, se habla de que ‘es una barbaridad, ya no se puede ni salir a la esquina’, creo que es a lo que se refiere el presidente cuando dice que se quiere sobredimensionar [la inseguridad en el país]. No, el ciudadano común en general no está sufriendo el ataque directo de esta guerra entre bandas”, afirmó Vargas.

Las afirmaciones de Vargas se dan en un momento en el que el oficialismo defiende sus acciones en seguridad mientras desvía la responsabilidad hacia el Poder Judicial. Otra línea argumental ha sido la de responsabilizar a administraciones anteriores, como lo mostró el ministro de Seguridad, Mario Zamora, ante la Comisión de Hacendarios el 10 de septiembre.

“Ciudadanos comunes” y víctimas colaterales

Los datos del OIJ muestran que la violencia de las bandas sí ha alcanzado a personas ajenas a esos conflictos. Desde 2022, 152 personas han muerto como víctimas colaterales en casos de homicidio doloso. La institución califica una víctima colateral como “aquella persona cuya muerte se deriva del acto principal (homicidio doloso) de forma no intencional”.

Durante toda la administración de Carlos Alvarado, el OIJ registró 36 víctimas colaterales en casos de homicidio. El total de casos colaterales ha subido 422% en el Gobierno de Chaves, lo cual evidencia una escalada en la violencia contra personas que estaban cerca de alguien que era blanco de un homicidio.

Consultado por Doble Check, Vargas insistió en que no quiso minimizar estas muertes, aunque defendió que no siente temor al desplazarse por el país. “Yo dije ‘la guerra no es conmigo’. O sea, al final de cuentas es con todos, y en eso quizá [a como lo dije] es una mala forma de decirlo”, justificó el diputado.

Vargas trazó un símil con otro tipo de muertes: “A como no salgo con un temor de un accidente de tránsito, tampoco salgo con un temor de ser asesinado por una guerra entre las bandas. ¿Que puede ocurrir? Desafortunadamente, sí, y eso debo reconocerlo”, argumentó el oficialista.

Desconfianza ante inseguridad

En Costa Rica, la inseguridad se mantiene como la principal preocupación ciudadana: 45% de la población la ubica como el mayor problema del país, muy por encima de la corrupción (15,5%), según la encuesta de opinión pública del CIEP-UCR publicada el 10 de septiembre.

Además, la confianza en el Gobierno para resolver ese desafío es escasa: 37,4% dijo no tener “ninguna confianza” y 32,8% manifestó “poca confianza”.

La percepción sobre el rumbo de la seguridad muestra un cambio moderado. El porcentaje de personas que creen que la situación está peor que hace un año pasó de 78% en abril a 67% en septiembre. Quienes consideran que la seguridad mejoró subieron de 12% a 17%, y los que creen que la situación está igual pasaron de 10% a 16%.

La violencia homicida se disparó en el Gobierno de Rodrigo Chaves. En 2022, la tasa de homicidios dolosos fue de 12,6 por cada 100.000 habitantes. Un año después, alcanzó un récord histórico de 17,6, la tasa más alta que ha documentado el OIJ. El registro de homicidios en 2024 descendió ligeramente a una tasa de 16,5 muertes por cada 100.000 personas, aunque esta fue la segunda tasa más elevada en la historia del país.

La proporción de crímenes vinculados con lo que Vargas denomina “guerra entre bandas” queda patente en la Memoria Anual 2024 del OIJ. El organismo reportó que “el período 2024 finalizó con 879 víctimas de homicidio doloso; de este total, 620 homicidios corresponden al móvil de ajuste de cuentas/venganza o profesional, equivalente a un 70,5% de la totalidad de homicidios dolosos”.

Cinco años antes, esa proporción era significativamente menor. El OIJ registró 564 víctimas de homicidio doloso en 2019, de las cuales 265 estuvieron ligadas a ajustes de cuentas, venganzas o crímenes por encargo. Esa cifra corresponde al 46,9% del total. El 2019 se utiliza como punto de comparación por ser el año inmediatamente anterior a la pandemia de COVID-19, que alteró múltiples indicadores sociales.

La administración Chaves Robles también ha estado marcada por un repunte en los femicidios. Según datos del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, en este año se contabilizan 26 femicidios en el país, según el corte al 21 de agosto. Desde mayo de 2022, cuando inició este Gobierno, la tasa acumulada promedio es de 1,13 femicidios por cada 100.000 mujeres, con un total de 113 víctimas. En contraste, la tasa fue de 0,98 durante la administración anterior, con un total de 94 casos.

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