Un cuento y una omisión que el Gobierno le llevó a Guanacaste el 25 de julio

Concesión a areneros de Nacascolo no es la primera de su tipo para Guanacaste, como anunció Laura Fernández

La presidenta Laura Fernández presentó la entrega de una concesión arenera artesanal como un hito provincial durante el Consejo de Gobierno en Nicoya. “Me complace mucho entregarles la primera concesión de explotación arenera artesanal de Guanacaste”, afirmó la mandataria.

La concesión no es, ni remotamente, la primera de su tipo en Guanacaste.

Fernández sí otorgó la primera concesión para la Asociación de Areneros de Nacascolo, cuyos integrantes habían extraído arena del río Tempisque durante años sin tener autorización. La concesión les permite realizar su trabajo dentro de la legalidad.

Es decir: el problema era real, pero el hito fue exagerado por el Gobierno.

La existencia de concesiones para la explotación arenera artesanal consta en documentos públicos. Por ejemplo, según La Gaceta del 14 de enero de 2009, el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) había otorgado desde agosto de 2002 varias “concesiones de explotación artesanal en cauce de dominio público” a la Asociación Arenas Artesanales del Valle del Tempisque.

Los expedientes 3-2001, 4-2001, 5-2001 y 6-2001 del Minae correspondían a sitios ubicados en el cantón guanacasteco de Carrillo. Uno de ellos autorizaba la extracción artesanal de arena en La Isleta, cerca de Filadelfia.

Precisamente, La Voz de Guanacaste publicó en 2019 un ensayo fotográfico sobre los trabajadores que extraían arena en la zona concesionada de La Isleta.

La actividad arenera artesanal está documentada en registros oficiales más recientes. El diagnóstico minero de la región Chorotega de 2023 todavía incluía el expediente 6-2001 de la Asociación Arenas Artesanales del Valle del Tempisque.

La entrega de la concesión fue el clímax de la participación del Gobierno en Nicoya. Un video presentó a los areneros como trabajadores tradicionales condenados durante años a la informalidad y a este Gobierno como el encargado de hacerles justicia.

“Por mucho tiempo fuimos areneros sin concesión. Queríamos trabajar de forma legal, queríamos hacer las cosas bien, pero las puertas estaban siempre cerradas”, dijo Elizabeth González, presidenta de la asociación.

Fernández declaró que “veinte años de injusticias hoy se terminan” y prometió: “A ustedes nunca más nadie les va a decir que trabajan en la ilegalidad”.

Gobierno promete que clínica de Nicoya llegará en 2027, pero omite que ya debió haber estado terminada

La promesa sonó nueva, pero el proyecto no lo es. Durante el Consejo de Gobierno en Nicoya, Guanacaste, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, anunció que la nueva sede del Área de Salud de Nicoya se inaugurará en 2027. “Si Dios lo permite”, dijo la jerarca.

La obra incluye el diseño, la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha de una clínica de atención primaria de unos 5.800 metros cuadrados, destinada a más de 57.000 personas. El monto adjudicado supera los ₡9.381 millones, según había informado el Banco de Costa Rica.

Hubo un detalle que no apareció en el anuncio: para 2027, la clínica ya debía estar inaugurada. Según consta en la sentencia 2023-015622 de la Sala Constitucional, la propia CCSS proyectaba concluir el proyecto en marzo de 2026.

Doble Check pudo identificar en documentos públicos dos motivos de retraso en el 2023. El 9 de marzo, la Junta Directiva de la Caja suspendió los proyectos de infraestructura que todavía no habían comenzado a construirse. El proyecto de Nicoya quedó incluido en ese freno. Sin embargo, el 4 de mayo, la institución autorizó reanudar las 30 áreas de salud incluidas en el fideicomiso con el BCR.

Esa pausa duró cerca de ocho semanas. Después, vinieron tres recursos de apelación contra la adjudicación. Según consta en la resolución de la Contraloría, estos fueron resueltos el 28 de agosto de 2023. El contrato se firmó finalmente el 12 de octubre de ese año.

Más allá de esas demoras, Doble Check no encontró documentos públicos que expliquen por qué la nueva sede del Área de Salud de Nicoya no estuvo lista en la fecha anunciada inicialmente por la propia CCSS.