Migrar no siempre significa llegar. Para muchas personas, el recorrido se alarga durante semanas o meses mientras buscan trabajo, reúnen dinero o intentan conseguir los documentos que necesitan para continuar. En ese tiempo, estudiar, recibir atención médica, alquilar una vivienda o conseguir un empleo formal se vuelve más difícil.

El programa Casa Abierta, de Radio 870 UCR, abordó estas situaciones junto con Natalia Betancourt, de la Red Jesuita con Migrantes en las Américas. La conversación se desarrolló a partir del informe Entre Fronteras, elaborado desde el acompañamiento a personas migrantes en Costa Rica, Panamá y Colombia.

Vivir de paso durante meses

Estar en tránsito no significa llegar a un país y salir de él al día siguiente. Para quienes no tienen recursos suficientes, cada parada puede convertirse en semanas o meses de espera.

Según el informe Entre Fronteras, en Costa Rica, organizaciones presentes en Tablillas, en la frontera norte, estiman que ingresan entre 30 y 50 personas al día. Los ingresos ocurren principalmente de noche o de madrugada, cuando no hay atención humanitaria disponible.

Betancourt explicó que muchas personas deben encontrar trabajos informales para reunir el dinero necesario para continuar el recorrido.

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Ese tiempo también transcurre para las familias. Niñas y niños pueden pasar meses sin incorporarse de manera estable a un sistema educativo, mientras sus padres intentan resolver cómo continuar el viaje.

Además, no existen respuestas educativas adaptadas a quienes están constantemente en movimiento: 

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¿Migrar irregularmente es sinónimo de ilegalidad?

No todas las personas que migran cuentan con un pasaporte vigente, dinero para realizar trámites o la posibilidad de trasladarse hasta una oficina migratoria. Esa realidad obliga a mirar la irregularidad más allá de una decisión individual.

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Según Betancourt, las políticas migratorias de los países recorridos no ofrecen una ruta clara para que quienes están en tránsito puedan atravesarlos de manera regular sin enfrentar altos costos o requisitos documentales difíciles de cumplir.

La espera también afecta a quienes buscan protección internacional. En Costa Rica, conseguir una cita para solicitar refugio enfrenta obstáculos como el costo de la llamada y la falta de espacios. Incluso después de obtenerla, la espera para formalizar la solicitud supera el año, según el informe.

La irregularidad tampoco convierte a una persona en delincuente. Luis Fernando Gómez, conductor de Casa Abierta, lo resumió durante la conversación: “no son ilegales porque no han cometido un delito”.

Cuando lo cotidiano deja de ser sencillo

Las consecuencias aparecen en actividades cotidianas: recibir atención médica, estudiar, encontrar vivienda o conseguir empleo. En el trabajo, la precariedad también alcanza a quienes se establecen en un país. 

Según el informe, más de seis de cada diez personas migrantes que residen en Panamá trabajan en la informalidad. Además, en Costa Rica las dificultades para regularizarse empujan a muchas personas hacia empleos con bajos salarios y condiciones abusivas.
“les criminalizan por estar irregular [...] no puedes acceder a la salud, no puedes acceder a un trabajo formal, no puedes acceder a una educación de tus hijos”.

En salud, puso como ejemplo a una persona en tránsito que necesita tratamiento constante:
“yo voy en tránsito, pero tengo una enfermedad crónica que requiere una atención constante [...] Yo no me puedo acercar a un hospital a que me den mi medicamento o a que me hagan un control porque nadie me va a reconocer porque no tengo una situación regular en este momento”.

La vivienda presenta otra dificultad. Una persona que necesita quedarse tres meses para reunir dinero puede terminar recurriendo a alojamientos pagados por día porque, sin documentación regular, firmar un contrato de alquiler se vuelve difícil.

No hay quién acompañe

La reducción de organizaciones y servicios disponibles para acompañar a las personas durante el tránsito se ha vuelto un factor determinante que dificulta la vida de las personas en condición migratoria.

En la frontera sur de Costa Rica, esa reducción ya afecta servicios concretos. Según el informe Entre Fronteras, en Paso Canoas dejaron de operar servicios de atención médica básica y el alojamiento sigue siendo escaso. En San José identifica al menos cinco espacios que ofrecen hospedaje, pero la mayoría también atiende a otras poblaciones y tiene una capacidad reducida para recibir personas en movilidad.

Betancourt explicó que, cuando estos espacios desaparecen, una familia pierde lugares donde conseguir comida, cambiarse de ropa, descansar, obtener información o saber cómo evitar una estafa o una red de tráfico, “cuando tampoco hay organizaciones terminan a la deriva”, señaló. Según explicó, esta falta de acompañamiento aumenta la exposición a abusos policiales, redes criminales y estafas.

Mientras las personas continúan moviéndose entre países, muchas lo hacen con menos recursos, menos acompañamiento y mayores dificultades para ejercer sus derechos. Aunque estas historias ya no ocupen el mismo espacio en los medios, las condiciones que enfrentan siguen presentes.