La ausencia de inversión social agrava la inseguridad en Costa Rica

 La creciente ola de violencia e inseguridad que vive Costa Rica no solo tiene relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Según la criminóloga y directora de la Carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica (UNED), Karen Jiménez Morales, detrás del aumento de homicidios, la exclusión juvenil y la expansión de las redes criminales existe un problema estructural: la disminución sostenida de la inversión social por parte del Estado.

La inseguridad se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la población, en un contexto marcado por el aumento de la violencia y la criminalidad en el país. De acuerdo con el informe del CIEP de setiembre 2025, el  45% de las personas perciben la inseguridad como uno de los principales problemas del país. 

“Si no intervenimos en la prevención con niñez y adolescencia, este problema nunca va a terminar. Las cárceles no solucionan el origen de la violencia”, señaló Jiménez.

MENOS INVERSIÓN SOCIAL, MÁS VULNERABILIDAD

Jiménez explica que la inseguridad no puede analizarse únicamente desde la represión policial. Factores como desempleo juvenil, pobreza, exclusión educativa y falta de oportunidades han creado condiciones que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte del narcotráfico.

De acuerdo con la especialista, instituciones como el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), el Ministerio de Educación Pública y programas preventivos han sufrido limitaciones presupuestarias en los últimos años. Ese debilitamiento institucional afecta directamente la prevención del delito.

“El sistema de bienestar social se ha debilitado y eso impacta la seguridad. Cuando las instituciones trabajan aisladas y sin recursos, el impacto es mínimo”, afirmó.

EL ESTADO ENFRENTA EL RETO DE RECUPERAR LA PREVENCIÓN

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en los últimos años ha registrado cifras históricas de homicidios. El país cerró el 2025 con más de 870 asesinatos, convirtiéndose en uno de los años más violentos de su historia reciente. Además, durante los primeros meses del 2026 las autoridades contabilizaron más de 260 homicidios, aunque con una leve reducción respecto al mismo periodo del año anterior. 

La expansión de la llamada “narcocultura” y el acceso temprano de menores de edad a dinámicas criminales son señales de alarma para el tejido social costarricense. Jiménez señaló que el problema no se resolverá únicamente aumentando penas o construyendo cárceles, sino mediante estrategias integrales que incluyan educación, cultura, salud mental, empleo y acompañamiento comunitario.

“La trayectoria criminal ahora empieza mucho más temprano. Ya tenemos menores de edad participando en asesinatos y estructuras delictivas”, advirtió Jiménez.

Además la especialista sostiene que el país necesita fortalecer la inversión en educación pública, programas sociales y espacios de desarrollo para jóvenes, especialmente en comunidades vulnerables. También insiste en la necesidad de una estrategia nacional articulada entre instituciones públicas, universidades y comunidades.

Mientras tanto, la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población costarricense, en un contexto donde muchos consideran que el debilitamiento de la inversión social ha dejado de ser únicamente un problema económico para convertirse también en un problema de seguridad nacional.

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