Fotografía con fines ilustrativos. Karla Richmond, OCI-UCR.
Incremento del IVA: ¿Más dinero para quién?
Ariana Rauda Campos
radioemisoras@ucr.ac.cr
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En Costa Rica, los productos esenciales corren el riesgo de aumentar de precio. El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, repitió en varias de las conferencias de prensa semanales que se plantea levantar la exención al impuesto sobre el valor agregado (IVA) que se aplica sobre la canasta básica tributaria (CBT). Es decir, el gobierno valora subir considerablemente el precio de los impuestos de productos esenciales para la población, pasando de un 1% a un 13% de IVA. ¿Qué implicaciones tendría esto?
Distintos tipos de canastas
La Canasta Básica Tributaria (CBT) es una lista de los servicios y bienes que más consume la población en estado de pobreza. Estos también son consumidos por el resto de la población pero contestan principalmente a los grupos vulnerables.
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“No estamos tratando con un bien, estamos tratando con algo que significa mucho más allá de una cuestión económica”, declaró la profesora jubilada de la Escuela de Nutrición, Marcela Dumani Echandi.
La CBT está integrada por más de 230 artículos esenciales para una vida digna, como productos para la higiene personal y útiles escolares. También incluye la Canasta Básica de Alimentos (CBA), el grupo de comidas que más consumen los hogares.
La CBA es la base de la alimentación costarricense. Se formula de acuerdo con el consumo de las poblaciones más vulnerables y sirve como punto de referencia para medir la pobreza del país. Además, integra alimentos suficientes para satisfacer el mínimo de calorías necesarias para el día a día.
No obstante, la CBA no formula una dieta que brinde todos los nutrientes que se requieren para estar saludable. De acuerdo con la Escuela de Nutrición, la canasta tiene un faltante en calidad nutricional.
“No es lo mismo no pasar hambre que poderse alimentar digna y saludablemente”, declaró en el programa Semillas y Saberes la investigadora del Programa Estado de la Nación, Karen Chacón Araya.
Posibles consecuencias
Dentro de Costa Rica, un país que ya de por sí encabeza los ranking de los países más caros de Latinoamérica, subir los precios podría aumentar la desigualdad social.
“Ya hay en el país una cantidad importante de hogares que no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir esos alimentos [de la canasta básica]. Tienen ingresos inferiores que no les permiten alcanzar este mínimo”, explicó la investigadora.
Con el cambio que plantea el gobierno se corre el riesgo de vulnerar aún más el acceso físico a una alimentación adecuada. Si los productos son más caros es más probable que las personas elijan dejar de comer algunos productos y cambiar algunos alimentos por otros menos saludables pero más baratos.
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“Es posible que algunos hogares se vean obligados a reducir o la cantidad de alimentos que consumen o la calidad de los alimentos o ambos”, indicó Chacón.
Por ejemplo, una gaseosa de 3 litros (₡2000) y unas frituras de tamaño familiar (₡1000) son más baratas para comer que un casado (₡3000 a ₡4500). Este último posiblemente aumentaría de precio, ya que sus ingredientes forman parte de la canasta básica.
Se reduciría el estado nutricional de las poblaciones vulnerables, provocando un impacto diferenciado en hogares con distintos ingresos. Adicionalmente, el poder adquisitivo de las familias podría reducirse, aumentando su riesgo de inseguridad alimentaria.
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“Los hogares que tienen menos ingresos en el país son los que destinan más recursos para el consumo alimentario”, explicó la investigadora del Programa Estado de la Nación.
De acuerdo con un estudio del Centro Internacional de Política Económica para el Desarrollo Sostenible (Cinpe) de la Universidad Nacional, las familias con menos recursos invierten casi la mitad de sus ingresos en la compra de la canasta básica. Mientras que, las familias más acomodadas gastan un 9,9%.
Con el aumento del IVA el gasto mensual de las familias podría subir entre ₡20 mil y ₡27 mil.
Los hogares más pobres, con un ingreso promedio de ₡320 mil, tendrían que invertir un 6,5% de sus ingresos totales (alrededor de ₡21 500), adicional a lo que ya están gastando. Pasarían de pagar un aproximado de ₡98 mil a ₡120 mil.
Los más adinerados, con un ingreso promedio de ₡2 millones y medio, verían un incremento de gasto del 1% (alrededor de ₡26 700). Pasarían de pagar un aproximado de ₡183 mil a ₡210 mil.
También, podrían ocurrir efectos sobre el comercio. Se podría derivar en la reducción del consumo de alimentos, afectando la demanda de los productores nacionales y los comercios que están vinculados con el abastecimiento de alimentos básicos.
¿Cómo podría reducirse el impacto social?
Actualmente, ya hay un incremento de precios en la canasta debido a otras crisis como el aumento en el precio del petróleo, conflictos geopolíticos, vulnerabilidad a fenómenos climáticos, aparición de nuevas enfermedades y el consumo de muchos productos importados.
Adicionalmente, hay factores internos que afectan de manera distinta a cada hogar. Durante los últimos años se han reducido las ayudas sociales, hay familias que cuentan con integrantes más vulnerables como infancias o personas adultas mayores y hay hogares que se ubican en regiones de mayor riesgo.
El gobierno plantea hacer una excepción del cobro para las familias en estado de pobreza. Sin embargo, todavía no señala mecanismos efectivos y viables para lograrlo. Utilizar únicamente la línea de pobreza como referencia podría terminar afectando a muchas familias vulnerables.
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“Hay hogares que entran o salen de la línea de pobreza por 100 colones,…, eso significa que hay un conjunto de hogares que aunque hoy no son reconocidos como en pobreza o en pobreza extrema sí están en una condición de vulnerabilidad y el mínimo cambio de sus ingresos podría generarles afectaciones”, declaró Karen Chacón.
La medida podría impactar negativamente hasta a un 60% de los hogares costarricenses. Para reducir su efecto en la población, la investigadora del Programa Estado de la Nación recomienda las siguientes medidas:
- Fortalecer los mecanismos de protección social, como las transferencias monetarias y la inversión social pública a sectores como CEN CINAI o comedores estudiantiles.
- Tratamiento tributario diferenciado para los alimentos esenciales. Evitar grabar los productos que son base de la alimentación, especialmente en hogares en condición de vulnerabilidad.
- Implementar mecanismos de monitoreo de precios y abastecimiento para tratar de prevenir incrementos injustificados y garantizar disponibilidad.
- Fortalecer la producción nacional de alimentos, con apoyo técnico, financiero y comercial (sobre todo a los y las pequeñas y medianas productoras). Esto para mejorar la oferta y reducir la vulnerabilidad ante el aumento de precios.
- Evaluar de manera periódica el impacto de la medida con indicadores relacionados a seguridad alimentaria, nutrición y pobreza.
- Diálogo con los sectores involucrados como organizaciones de consumidores, productores y productoras, academia y sociedad civil.
Revise la entrevista completa del programa Semillas y Saberes. Una coproducción con la Escuela de Nutrición de la UCR.