#DCExplica: ¿Por qué los estados financieros del Gobierno ya no son confiables?

¿Qué son los estados financieros contables del Gobierno?

El 28 de agosto, la Contraloría General de la República emitió una opinión adversa sobre los estados financieros consolidados del Gobierno. El ente contralor advirtió en un comunicado que dichos informes “no son conflables”.

Estos son informes contables que reúnen la información sobre el estado financiero y económico del Gobierno de Costa Rica. Incluyen datos relevantes sobre deudas, bienes, ingresos, gastos, valores y flujos de dinero, entre otros elementos. 

Esta información es necesaria para tomar decisiones de política pública, evaluar la ejecución de los recursos y conocer el valor de los bienes estatales. También permite mostrar la situación patrimonial del Estado y contribuye a la transparencia.

Por esa razón, la CGR auditó los estados financieros consolidados del Gobierno de la República al 31 de diciembre de 2025. El examen se realizó de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NICSP).

La CGR detectó errores generalizados, por lo que “emitió una opinión adversa sobre los estados financieros del año 2025, por no presentar de forma razonable la situación financiera del Gobierno, de conformidad con el marco normativo y técnico aplicable”.

¿Qué hallazgos justificaron la opinión adversa?

La Contraloría halló varias inconsistencias en los estados financieros del Gobierno. 

Julissa Sáenz, gerente del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, señaló que hay “incertidumbre” en la información de las cuentas tributarias, así como “problemas” en los registros debido a “diferencias en la contabilidad de Hacienda y FODESAF”.

Sáenz también destacó la valoración errónea de terrenos estatales y la clasificación incorrecta de bienes. “Por ejemplo, no vemos reflejados los bienes concesionados; entonces, la parte nueva de la Circunvalación Norte no aparece cuantificada”, afirmó la representante de la CGR a Doble Check.

La auditoría también identificó diferencias en el cálculo de la deuda estatal del Gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Gobierno no presentó declaraciones de cumplimiento de normas contables

Los estados financieros contables consolidan la información de cuatro entidades principales: Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF) y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Cada entidad, así como el Gobierno de la República en consolidado, debía presentar una declaración expresa e incondicional de cumplimiento de las normas contables aplicables de las NICSP (punto 1.6 del criterio de la Contraloría). Sin embargo, solo el Poder Judicial y Conavi presentaron esa declaración.

Ni Fodesaf ni el Poder Ejecutivo presentaron esa declaración. La Dirección General de Contabilidad Nacional (DGCN) del Ministerio de Hacienda no documentó que esas declaraciones estuvieran incluidas en los estados financieros consolidados. 

Además, el Poder Ejecutivo omitió completamente de su informe a cuatro instituciones: el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la Casa de la Cultura de Puntarenas, el Museo de Arte Costarricense y el Museo Histórico Cultural Juan Santamaría. Las exclusiones se debieron a incumplimientos en la presentación de información o errores e inconsistencias en sus estados financieros individuales.

Diferencias contables en Fodesaf

La Contraloría identificó dos problemas con la información de Fodesaf. 

El primer problema corresponde a tres cuentas por pagar por ₡933.026 millones, cuya información tenía fechas de corte al 31 de mayo y al 31 de octubre de 2025. Como los datos no estaban actualizados al 31 de diciembre, estos no reflejan el corte requerido para los estados financieros (hallazgo 1.11).

Además, Fodesaf registró casi ₡2,3 billones (millones de millones) en transferencias por cobrar al Ejecutivo, mientras que el Poder Ejecutivo reportó una cuenta por pagar a Fodesaf de ₡965.790 millones. Esto produjo una diferencia no conciliada de casi ₡1,3 billones entre ambas entidades.

Incertidumbre con fideicomisos

No hay información suficiente para determinar si los informes contables del Gobierno incluyen todos los fideicomisos estatales necesarios.

La CGR concluyó que, en al menos 11 fideicomisos, Contabilidad Nacional no documentó el análisis necesario para determinar si debían incluirse en los estados financieros consolidados.

Esto plantea dos riesgos: 1) que se hayan omitido fideicomisos cuyos activos debían incorporarse o 2) que se hayan incluido fideicomisos que no había que consolidar (punto 1.9).

Millones de millones en saldos inconsistentes

Cuando una entidad del Gobierno le debe dinero a otra, la consolidación debe eliminar tanto la cuenta por cobrar como la cuenta por pagar para evitar duplicaciones. Sin embargo, la Contraloría identificó en 2025 inconsistencias por ₡6,9 billones (millones de millones) en la eliminación de transacciones y saldos recíprocos (hallazgo 1.10). 

Este monto no equivale necesariamente a dinero perdido: corresponde al valor de las eliminaciones incompletas, incorrectas u omisas detectadas por la CGR. Sin embargo, la Contraloría advirtió que tales fallos generan “riesgos de doble reconocimiento u omisión de activos, pasivos ingresos y gastos, con un efecto material y generalizado en la razonabilidad de los estados financieros consolidados”.

Inconsistencias en las cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar a corto plazo ascendían a más de ₡3,3 billones y presentaban omisiones, diferencias no conciliadas y deficiencias en su reconocimiento y medición.
En las cuentas tributarias se registraron ₡521.669 millones por cobrar a contribuyentes, mientras que Tributación reportó una cartera morosa de ₡659.344 millones. La Administración no aportó información que explicara esa diferencia. 

Además, durante este año se incorporaron ₡19.023 millones en deudas de contribuyentes que no se habían incluido en la información utilizada al cierre de 2025 ni en la cartera morosa (1.13).

“Por lo tanto, no se acredita la integridad de las cuentas por cobrar tributarias, con posibles efectos en el reconocimiento de los ingresos y en la determinación del deterioro”, señaló la CGR.
 

No todos los terrenos del Gobierno están valorados

El órgano contralor encontró inconsistencias, omisiones y diferencias que impiden determinar la integridad total de los terrenos públicos (hallazgo 1.15). 

Estos son algunos de los hallazgos de la Contraloría:

1. Al menos 3.518 inmuebles vinculados a centros educativos, incluidos terrenos y edificaciones, no están inscritos a nombre del Ministerio de Educación Pública (MEP), “al estar a nombre de Juntas de Educación, Juntas Administrativas o de terceros”.

2. Un total de 234 terrenos no están registrados contablemente debido a la falta de valoración o a traspasos institucionales pendientes de formalización. La mayoría pertenece al Ministerio de Ambiente y Energía, a Centros de Educación y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral (Cen-Cinai), y al Instituto Costarricense de Drogas.

3. Otros 72 terrenos, valorados en ₡25.767 millones y pertenecientes principalmente al Sinac, no están registrados contablemente porque las instituciones no suministraron la información necesaria para incluirlos en los estados financieros.

4. Un total de 44 terrenos con edificaciones aparecen registrados en la subcuenta de edificios, sin que se haya determinado el valor correspondiente a los terrenos. Además, ocho terrenos están contabilizados aunque las entidades no poseen su titularidad legal.

5. Al menos 1.492 terrenos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), registrados en el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central (Sibinet), carecen de una identificación uniforme en los registros institucionales. Esto impide conciliarlos con el Registro Nacional de la Propiedad y verificar su titularidad y posesión.

Bienes clasificados de forma incorrecta

La Administración mantuvo como inventarios ₡95.425 millones correspondientes a bienes concesionados y no concesionados. El dictamen de la Contraloría menciona, entre otros, la Ruta Nacional 27; terrenos y edificaciones de los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber; la Terminal de Contenedores de Moín; y la Ruta Nacional 1. 

Según la CGR, tal clasificación sobrevalora los inventarios, subvalora los bienes en uso y concesionados y, en el caso de la infraestructura, ocasiona omisiones en la depreciación y el deterioro (1.16).

También, se detectaron problemas en el saldo de bienes concesionados y no concesionados, que ascendía a ₡17,5 billones. Ese registro presentaba omisiones, clasificaciones incorrectas, diferencias no conciliadas y deficiencias en la medición, depreciación y deterioro de los activos (hallazgo 1.14 de la CGR).

Problemas en la medición de la red vial

La auditoría determinó problemas en la medición de la red vial nacional. 

Hay registrados ₡880.368 millones correspondientes al valor en libros de carreteras de la Red Vial Nacional que no se actualizan en Sibinet desde 2015. Además, al menos 23 carreteras no están registradas en ese sistema por falta de los costos y las valoraciones financieras requeridas. Entre ellas figura un tramo de la Ruta 39, correspondiente a la Circunvalación Norte (1.19).

Diferencias entre Sigaf y Sibinet

La CGR también halló incongruencias entre las cuentas de dos sistemas que deberían tener resultados coincidentes: el Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (Sigaf) y el Sistema de Registro y Control de Bienes de la Administración Central (Sibinet).

En siete cuentas, los montos registrados en Sigaf superaban en ₡168.875 millones los de Sibinet. En otras cuatro cuentas ocurría lo contrario: los montos de Sibinet superaban en ₡89.451 millones los de Sigaf.

¿Qué efectos tienen estas inconsistencias?

Julissa Sáenz explicó que el objetivo de la auditoría era determinar si los datos eran razonables. Sin embargo, las inconsistencias descritas impidieron llegar a esa conclusión en varios rubros.

Según la funcionaria de la Contraloría, la magnitud de los problemas impide utilizar estos datos con suficiente confianza para formular políticas públicas, comparar la situación de Costa Rica con la de otros países o medir avances y retrocesos entre un año y otro.