RADIO UNIVERSIDAD
26 de marzo del 2026
El ROP reaviva debate entre acceso a fondos y estabilidad del sistema de pensiones
José Andrés Corrales Rojas
jose.corralesrojas@ucr.ac.cr
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26 de marzo del 2026
El programa Desayunos de Radio Universidad analizó las propuestas legislativas sobre el retiro de fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), impulsadas por las diputadas Ada Acuña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y Rocío Alfaro del Partido Frente Amplio (FA). Ambas iniciativas buscan facilitar el acceso a estos recursos para personas pensionadas, pero han generado un amplio debate sobre sus posibles efectos en la economía, el sistema de pensiones y la calidad de vida de la población.
Las propuestas surgieron en la Comisión de Asuntos Sociales y coinciden en señalar que muchas personas pensionadas no reciben un beneficio significativo de sus ahorros en el ROP. Sin embargo, difieren en los mecanismos de retiro y en los argumentos económicos que sustentan cada iniciativa.
Similitudes y diferencias entre los proyectos
Tanto el Proyecto 24.984 de la Diputada Acuña, titulado “REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 9, 20, 22, 23 Y 43 (…)”, y el Proyecto 24.972 de la Diputada Alfaro, denominado “Modificación del Transitorio XX de la Ley de Protección al Trabajador (…)”, coinciden en la necesidad de agilizar el acceso a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), particularmente para aquellos individuos que se encuentran en situación de jubilación o que perciben prestaciones que se consideran insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas.
Además, las diputadas coinciden en que el ROP no debe beneficiar principalmente a las operadoras de pensiones, y que existe una necesidad urgente de atender la situación de quienes no ven reflejado su ahorro en una mejora en su calidad de vida.
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“Además, estamos hablando de un sector de la población cuyo ahorro no creció (…). [Aunque las operadoras de pensiones administran grandes cantidades de dinero, el porcentaje de personas que recibiría la totalidad de sus recursos en un plazo de dos años no es significativo]; no pone en riesgo a las operadoras, [ni a los fondos de las demás generaciones]. Esta es una característica particular de este sector", Rocío Alfaro Molina, Diputada y Jefa de la Fracción del Frente Amplio.
Según argumenta Alfaro, Si los recursos se entregan en cuotas muy pequeñas durante largos periodos —como 10, 20 años o más—, el monto recibido termina siendo poco significativo y no cumple con el objetivo para el cual fue concebido el ROP: Mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas.
La problemática de las pensiones se profundiza en un contexto marcado por ingresos insuficientes frente a un costo de vida cada vez más elevado. Esta situación se ve agravada porque muchas personas adultas mayores no solo dependen de sus pensiones, sino que además deben asumir la carga económica de sus hijos e incluso de sus nietos, en medio de escenarios de inestabilidad laboral y salarios precarios en las generaciones más jóvenes.
Por lo que detalla la diputada Alfaro, a este panorama se suma un factor demográfico, el aumento en la esperanza de vida. Vivir más años implica también enfrentar por más tiempo gastos asociados a la salud, los cuales suelen ser significativamente altos, incrementando la presión económica sobre esta población.
Desde otro ángulo, el proyecto de la Diputada Acuña propone dos modalidades de retiro: uno total para personas ya jubiladas y otro mediante un retiro programado con plazos que van desde 24 hasta 180 meses. También contempla a personas con montos bajos acumulados o con incapacidad total certificada, e incorpora medidas para mejorar la información que las operadoras brindan a los afiliados.
“Según el análisis que estamos haciendo, a nivel de mercado todas [las operadoras] se agrupan en una organización [y manejan estructuras salariales elevadas]: las gerencias superan los 8,5 millones de colones, mientras que gerentes y directores de riesgo se ubican alrededor de los 4,5 millones (…). [En un contexto donde existen riesgos y minusvalías de forma constante], también es necesario señalar que las operadoras se han convertido en un beneficio en sí mismas” Ada Acuña Castro, Diputada de la fracción del Partido Progreso Social Democrático.
El proyecto también introduce cambios estructurales al sistema de pensiones, como el establecimiento de criterios sobre la tasa de reemplazo para integrar mejor el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) en la discusión nacional, y la obligación de las operadoras de brindar información más clara y detallada a las personas afiliadas. Asimismo, propone revisar las comisiones que cobran las operadoras, incluyendo la posibilidad de devolverlas en casos de pérdidas, y plantea reformas para fijar condiciones más estables en edad de retiro (hasta 65 años) y requisitos de cotización, con el objetivo de dar mayor certeza al sistema y evitar cambios constantes en las reglas de pensión.
Por su parte, el proyecto de Rocío Alfaro se enfoca en personas pensionadas entre 2021 y 2029, afectadas por condiciones económicas que, según argumenta, impidieron el crecimiento de sus ahorros. Su propuesta busca que estas personas puedan retirar la totalidad del ROP en un plazo de dos años.
Alfaro sostiene que las cuentas del ROP son individuales y que su retiro no afectaría al resto del sistema. Además, cuestiona la idea de que estos fondos deban administrarse como una pensión de por vida, señalando que en muchos casos los montos son reducidos.
Debate sobre el impacto económico
Uno de los principales puntos de discusión es el posible impacto de una devolución acelerada de los fondos sobre la economía nacional.
Desde el Ministerio de Hacienda se indicó que los recursos del ROP están invertidos en el mercado de capitales y en títulos de deuda del país, por lo que una salida abrupta podría afectar la estabilidad financiera.
En esta línea, comunicaron que una eventual aprobación de estos proyectos podría enfrentar un veto presidencial.
Por su parte, sectores como la Cámara de Industrias de Costa Rica han manifestado su oposición a estas iniciativas. Argumentan que el ROP fue concebido como un complemento a la pensión y no como un fondo de retiro inmediato.
También advierten que una liquidación acelerada podría afectar la sostenibilidad del sistema de pensiones y perjudicar tanto a actuales como a futuras pensiones
Asimismo, destacan que la mayor parte de los recursos proviene del aporte patronal y que el sistema tiene una naturaleza colectiva que ha permitido generar rendimientos que no serían posibles de forma individual.
Y en otra línea de ideas, el secretario general de la ANEP Albino Vargas critica con dureza a sectores institucionales y financieros, a los que acusa de actuar de forma coordinada para frenar el avance del proyecto que permitiría devolver los recursos del ROP a personas ya pensionadas. Según su posición, existe una reacción intensa por parte del sector bancario ante esta iniciativa, la cual, afirma, beneficiaría a una parte importante de la población trabajadora jubilada.
Sostiene que estas acciones responden a la defensa de un modelo que, desde su perspectiva, mantiene altos niveles de aprovechamiento financiero sobre la clase trabajadora. En ese sentido, denuncia una supuesta articulación entre actores del sistema para sostener ese esquema, en contraposición a las demandas impulsadas por organizaciones sindicales como la ANEP.
Un posicionamiento variado
Entre quienes apoyan la devolución acelerada, se argumenta que los fondos pertenecen a las personas trabajadoras y que deberían poder utilizarlos según sus necesidades.
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“No es cierto que se ponga en riesgo (…) el resto de los fondos, no es cierto tampoco (…) que iba a generar (…) que subieran las tasas de interés (…) poniendo (…) a pelear a las generaciones entre sí. Eso no es cierto. Si hay más recursos (…) en el mercado, (…) más bien las tasas de interés tienden a bajar (…) porque los bancos necesitan hacer atractivo su negocio (…) prestar dinero” - Rocío Alfaro Molina, Diputada y Jefa de la Fracción del Frente Amplio.
Se señala que el acceso a estos recursos podría permitir saldar deudas, invertir en emprendimientos, adquirir vivienda o cubrir gastos de salud, lo que contribuiría a mejorar la calidad de vida de las personas pensionadas.
“Aquí lo que creemos es que se debe cumplir con la función social (…) con la que se pensó el ROP. Y eso implica devolverle a la gente su dinero (…) para que pueda enfrentar (…) la transición de la pensión, (…) salir de las deudas (…) que su pensión le quede libre (…) porque (…) la gente entra a pensionarse y su pensión casi (…) la tiene que dedicar a pagar deudas”, Rocío Alfaro Molina, Diputada y Jefa de la Fracción del Frente Amplio.
En el mensaje de ambas diputadas se expresa la preocupación por que las operadoras de pensiones sigan obteniendo ganancias incluso cuando los fondos están perdiendo dinero.
Implicaciones sociales y discusión abierta
El debate también incluye consideraciones sobre las implicaciones sociales de estas propuestas. Mientras algunos sectores consideran que permitir el retiro acelerado podría reducir la pobreza en la vejez y facilitar una transición más digna hacia la jubilación, otros advierten que podría generar desprotección en el largo plazo.
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“La principal molestia es que las operadoras de pensiones están tomando una porción demasiado grande: se quedan con las ganancias, mientras que las pérdidas recaen sobre las personas trabajadoras", Rocío Alfaro Molina, Diputada y Jefa de la Fracción del Frente Amplio.
El análisis presentado en el programa refleja un escenario complejo, en el que se enfrentan distintas visiones sobre el papel del ROP, el derecho de las personas a decidir sobre sus recursos y la responsabilidad de garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En este contexto, la discusión continúa abierta sobre cómo equilibrar las necesidades inmediatas de la población pensionada con la estabilidad económica futura.