El 30 de julio, la Sala Constitucional resolvió, con cuatro votos a favor y tres en contra, extender el nombramiento de los magistrados suplentes vencidos desde diciembre y anuló el acuerdo legislativo que devolvía a la Corte Suprema, la nómina de candidatos a esas suplencias. Para el constitucionalista, Marvin Carvajal, esta resolución es una respuesta excepcional ante una situación que amenazaba con afectar el funcionamiento de este tribunal encargado de proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía. 

El experto sostiene que la falta de nombramientos por parte de la Asamblea Legislativa había colocado a la Sala en una situación límite, al punto de comprometer su capacidad para resolver recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad. 

Carvajal explica que la ausencia de magistrados suplentes ya estaba teniendo consecuencias concretas. Cuando un magistrado propietario debe inhibirse de conocer un caso por tener algún conflicto de interés, una incapacidad o cualquier otra causa legal, corresponde a un suplente asumir esa función. Al no haberse realizado los nuevos nombramientos, la Sala comenzó a acumular expedientes pendientes y eso afecta a quienes esperan una resolución sobre sus derechos. 

A favor del fallo votaron los magistrados Cruz Castro, Rueda Leal (ponente del caso), Araya García y Hess Herrera, quienes ordenaron a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, que el Plenario conozca "en la próxima oportunidad posible" la nómina que la Corte Suprema había remitido desde el 15 de octubre de 2025. Votaron en contra el presidente de la Sala, Fernando Castillo, junto con Luis Fernando Solano y Anamari Garro. Mientras la Asamblea no elija a los nuevos suplentes, los magistrados vencidos siguen en el cargo.

"Básicamente las razones de esta decisión tienen como fundamento garantizar los derechos fundamentales de las personas afectadas a causa de que no se han podido nombrar los magistrados suplentes", explica el Magistrado Fernando Castillo sobre el criterio de la mayoría. 

Durante la entrevista de Desayunos, Carvajal también cuestiona la negativa de algunos diputados a valorar los perfiles de las personas propuestas por la Corte Suprema de Justicia. Según señala, la lista incluye profesionales con distintas especialidades jurídicas y diferentes trayectorias, por lo que considera difícil sostener que ninguno reúna las condiciones para ser electo. 

"El hecho de que no se quiera nombrar a una sola persona, ni siquiera revisar los atestados, permite entender que la finalidad no era elegir magistrados de determinado perfil, sino impedir los nombramientos", destaca. 

Para el constitucionalista, esa situación trasciende una diferencia política o jurídica sobre los candidatos y revela una intención de impedir el funcionamiento normal de la Sala Constitucional. 

Tensión entre el Poder Ejecutivo y Judicial 

El fallo no ocurre en el vacío, se da en medio de un clima de confrontación política que se ha intensificado en los últimos días.  Tras conocerse la resolución, el Gobierno cuestionó la actuación de la Sala Constitucional e incluso calificó la decisión como un "golpe de Estado", mientras el oficialismo anunció que no acataría futuros fallos que considere ilegítimos.  

La controversia se suma a los cuestionamientos del Ejecutivo al Poder Judicial, a los recortes presupuestarios y a la discusión sobre el nombramiento de magistrados y del próximo fiscal general. 

Carvajal señala que las declaraciones de las autoridades Gobierno sobre la posibilidad de "tomar el Poder Judicial" representan una señal preocupante dentro de un sistema democrático basado en la separación de poderes. 

“Decir lo que me falta es tomar el Poder Judicial, realmente es una frase como mínimo muy desafortunada y como máximo, subversiva”, indica. 

El constitucionalista explica que el diseño constitucional costarricense establece mecanismos de pesos y contrapesos precisamente para impedir que un poder concentre facultades sobre otro, independientemente de la fuerza política que tenga un gobierno. "Nadie, aunque tenga una mayoría política, puede actuar por encima de la Constitución".  

Asimismo, Carvajal reconoce que el Poder Judicial enfrenta retos importantes y que existen aspectos que requieren mejoras, desde la gestión administrativa hasta la agilización de procesos. Sin embargo, insiste en que las críticas deben orientarse a fortalecer la institución y no a desacreditarla. "Decir que una institución de más de 13 mil personas está infiltrada hasta los tuétanos por el narcotráfico es irresponsable, falso y peligroso". 

El experto advierte que ese tipo de mensajes pueden erosionar la confianza ciudadana en la administración de justicia y generar la percepción de que los mecanismos institucionales no funcionan, lo que debilita el Estado de derecho. 

Según Carvajal, el Poder Judicial enfrenta otro desafío importante: las limitaciones presupuestarias. Recuerda que durante años la Corte Suprema de Justicia ha debido ajustar sus presupuestos para cumplir con las restricciones fiscales, pero considera que la reducción de recursos también afecta la calidad del servicio que recibe la ciudadanía. Aunque enfatiza que toda institución pública debe administrar responsablemente sus recursos, un debilitamiento financiero sostenido termina repercutiendo en la atención de los procesos judiciales, la investigación de delitos y la resolución de conflictos. 

Finalmente, el constitucionalista considera que la resolución de la Sala Constitucional podría intensificar el enfrentamiento político entre los poderes del Estado en las próximas semanas. "Me temo que las reacciones serán todavía más viscerales y la retórica más incendiaria", dice.  

Pese a ese escenario, insiste en que el debate público debería concentrarse en fortalecer las instituciones y garantizar el respeto a la Constitución, en lugar de debilitar la legitimidad del Poder Judicial.