Este 1 de mayo se instala una Asamblea donde, por primera vez en más de dos décadas, una sola bancada pretende controlar cada puesto del directorio legislativo. No es un hecho administrativo menor: el oficialismo usará esos puestos como moneda de cambio para alcanzar los 38 votos que no posee, moldeando la dinámica parlamentaria de los próximos cuatro años. Así lo resaltó el politólogo y consultor en asuntos políticos y legislativos, Daniel Calvo Sánchez en el programa Desayunos de Radio Universidad.  

Calvo explicó que el 1 de mayo inicia un nuevo período legislativo importante, con un cuatrienio que trae cambios en la dinámica parlamentaria. Uno donde el oficialismo lidera el bloque legislativo y busca el Directorio Legislativo para redefinir el control político en el Congreso. 

Con una bancada de 31 diputaciones, el bloque de gobierno, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) tiene los votos suficientes para asegurar la elección de los seis puestos del Directorio Legislativo (presidencia, vicepresidencia, dos secretarías y dos prosecretarías), sin necesidad de negociar con otras fracciones. 

El problema para el oficialismo es el nombrar magistrados o aprobar reformas constitucionales en el que se requieren 38 votos, y el bloque de gobierno llega con 31. Esa diferencia de siete escaños define el límite real de su poder. 

Para cruzarlo, según Calvo, el oficialismo tiene dos caminos: la negociación, o lo que en la política se conoce como el "arrebato", la captura de diputaciones de oposición dispuestas a votar con el gobierno.  

El control político acorralado 

Las intenciones detrás de las tácticas políticas son diversas. Calvo examinó la intención del oficialismo de reducir el margen de control político. Este es un espacio de media hora cada lunes, martes y jueves para que las diputaciones interpelen al Ejecutivo sobre situaciones de actualidad.  

En total el control político conforma tres horas y media por semana. Calvo lo llama una válvula de escape institucional. Y cerrarla, dice, generaría fricción. 

Eso ocurre mientras Laura Fernández busca reunirse con fracciones opositoras para negociar proyectos como el de Crucitas. Apertura por un lado, restricción por otro.  

Según Calvo, reducir ese tiempo de interpelación también reduciría los espacios donde esa contradicción quedaría en evidencia. 

Hay un punto que complica la lectura: el control político no ha sido exclusivo de la oposición. En el cuatrienio 2022-2026, diputaciones del oficialismo lo usaron para posicionar temas y frenar iniciativas.  

Calvo sostiene que el gobierno ha ejercido ese tipo de control con más eficacia que nadie; sobre narrativas, medios y agenda legislativa. Quitarlo del plenario no lo elimina, lo desplaza. 

El riesgo, como advierte Calvo, es que el remedio sea peor que la enfermedad. Sin ese espacio de descarga, la tensión no desaparece, se desplaza.  

Las diputaciones nuevas ya están discutiendo mucho antes de instalarse. Esa energía terminará en otro lugar, probablemente en la discusión de proyectos de ley, con un nivel de confrontación mayor.

Los 38 votos: donde ocurrirá la verdadera negociación 

Más allá del directorio y el control político de la Asamblea, el campo de disputa real para esa conformación de poder, será en los nombramientos de las magistraturas. Ahí el oficialismo necesita 38 votos. No los tiene. Y la oposición, tiene algo concreto que negociar. 

Calvo Sánchez plantea que el oficialismo puede sostener la narrativa de las "grandes transformaciones" o puede conseguir los votos. Hacer las dos cosas al mismo tiempo es difícil.  

Negociar con la oposición, con diputaciones independientes, con bancadas pequeñas, implica reconocer que los 31 escaños no son suficientes para todo lo que se ha prometido. 

Esto representa que conseguir siete votos adicionales le cuesta más que a la oposición reunir tres. En ese margen operan las bancadas pequeñas, las diputaciones sin partido y los que Calvo llama "patriotas": diputaciones de oposición dispuestas a votar con el gobierno si encuentran una razón para hacerlo. 

Lo que se resuelva en esa negociación definirá quién llega a la Corte Suprema y a otros órganos del Poder Judicial. No es un detalle legislativo. Es una decisión que condiciona el funcionamiento de instituciones que el próximo gobierno no controla directamente. 

Las 24 comisiones legislativas también se integran el 1 de mayo. Calvo Sánchez advierte que su composición cambia poco durante los cuatro años.  

El oficialismo tendrá mayoría en todas salvo en la de Asuntos Agropecuarios, lo que limita qué investigaciones avanzan, qué informes se producen y qué expedientes llegan al plenario. La estructura que se defina ese día es la que opera hasta 2030.