El discurso omiso de los “emperifollados” que pagarían más IVA por la canasta básica

El origen de la idea de subir el IVA a la canasta básica

La discusión sobre modificar la carga tributaria de la canasta básica no comenzó en Costa Rica; comenzó en Washington.

El 29 de mayo de este año, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) analizó el informe de su equipo técnico sobre la economía costarricense. En la versión publicada en junio, el FMI recomendó revisar las exoneraciones y tarifas reducidas del IVA como parte de una estrategia para fortalecer las finanzas públicas.

Un mes después, el Gobierno convirtió esa recomendación en una propuesta política. El 1.º de julio, el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, anunció que estudiaba modificar la tarifa reducida del 1% sobre los productos de la canasta básica. El ministro limitó la justificación a una idea: quitarles la exoneración a los “emperifollados”.

La imagen fue clara. La categoría, no.

Gobierno omite definir quiénes son “emperifollados” 

El Gobierno comenzó la discusión planteando dos grupos. Por una parte, las personas que necesitan una tarifa reducida del impuesto al valor agregado y, por otra, quienes tienen capacidad para pagar más. El discurso oficial no planteó posiciones intermedias.

El 1.° de julio, antes del Consejo de Gobierno, Rodrigo Chaves planteó la propuesta como la eliminación de un beneficio para las personas de mayores ingresos: “Estamos evaluando la pregunta de por qué las señoras y señores ricos [...] reciben el mismo subsidio que una persona que está en condiciones de pobreza”, afirmó el ministro.

Ese mismo día, Chaves recurrió a la expresión que marcaría el debate: “No es subir el IVA. La opción que decidirá el Consejo de Gobierno es si quitarle esa enorme injusticia al sistema tributario, en el que un señor emperifollado vaya y compre el arroz con el mismo impuesto al valor agregado que alguien que verdaderamente lo necesita”.

El 3 de julio, el jefe de fracción de Pueblo Soberano y exministro de Hacienda, Nogui Acosta, delimitó de forma más específica el grupo que conservaría la tarifa reducida del IVA. Según una entrevista publicada por El Observador, Acosta dijo que la compensación se dirigiría únicamente a los hogares en condición de pobreza.

Tomada literalmente, esa explicación de Nogui Acosta permitiría inferir que el beneficio se reservaría para 15,2% de los hogares del país clasificados en pobreza. El restante 84,8% quedaría fuera, pagando 13% de IVA sobre los productos de la canasta básica.

Bajo esa lectura, los “emperifollados” no serían únicamente los hogares ricos: la categoría abarcaría también a los hogares no pobres, incluidos amplios sectores de ingresos medios.

El 15 de julio, Chaves volvió a presentar la propuesta como una medida dirigida contra las personas de mayores recursos:  “No va a haber más impuestos. Lo que estamos hablando de la canasta básica es simplemente quitarle a los emperifollados la exención que hay en bienes de canasta básica, nada más”.

Una semana después, durante la presentación del paquete fiscal del Gobierno, Chaves mantuvo la división entre las personas con necesidades económicas y quienes poseen mayores ingresos: “Se descarta de manera absoluta la eliminación de la exención a las personas que tengan necesidades económicas en este país y no se descarta la eliminación de la exención para las personas que tienen más ingresos y más riqueza”.

La “pregunta” de la clase media

Hacia finales de julio, Rodrigo Chaves hizo la primera alusión pública sobre el IVA de la canasta básica para la clase media.

En una entrevista con Telenoticias el 22 de julio, Chaves ilustró la propuesta con un contraste entre los extremos de la distribución del ingreso. “¿Por qué don René Picado [presidente de Teletica] [...] paga el mismo impuesto sobre esa salsa de tomate que paga una persona que vive en un precario?”, dijo el ministro.

Luego, Chaves introdujo una referencia más precisa: los quintiles de ingreso. Un quintil es cada uno de los cinco grupos iguales en que pueden dividirse los hogares según sus ingresos. El primer quintil reúne al 20% con menores ingresos; el quinto, al 20% con mayores ingresos. El tercero ocupa la franja intermedia.

Chaves ubicó precisamente allí la decisión que todavía estaba pendiente: “La pregunta es qué pasa con el tercer quintil, la clase media, y eso es lo que estamos analizando”, reconoció Chaves en Telenoticias.

La frase permite inferir un esquema que el ministro no explicó por completo: los dos quintiles de menores ingresos conservarían la tarifa reducida, los dos de mayores ingresos pagarían la tarifa general, y la decisión pendiente recaería sobre el tercer quintil. Pero esa es una inferencia a partir de sus palabras, no una definición explícita. Chaves no confirmó expresamente cuáles sectores de la población mantendrían el 1% de IVA a la canasta básica, cuáles pasarían a pagar el 13% ni si el corte se establecería realmente entre quintiles.

La referencia del ministro Chaves tampoco coincide con la explicación anterior de Nogui Acosta. Los hogares en pobreza representan el 15,2% del total en Costa Rica. Por otro lado, los dos primeros quintiles abarcan, por definición, 40% de los hogares. No son el mismo universo.

Una explicación del Gobierno apunta a reservar el beneficio únicamente para los hogares en pobreza. La otra parece dar por cubiertos a los dos primeros quintiles, excluir a los dos superiores y dejar en discusión al grupo de en medio.

En la conferencia posterior al Consejo de Gobierno del 25 de julio, El Observador consultó qué ocurriría con la clase media y si ese grupo conservaría la tarifa reducida del IVA. Chaves eludió responder ese punto. En su lugar, reiteró que el debate consiste en determinar si es justo que las personas de mayores ingresos paguen el mismo impuesto que los hogares de menores recursos y añadió que “al final del día, le corresponderá a los diputados resolver si eso es justo o no”. Sin embargo, la definición sobre qué hogares conservarían la tarifa reducida y cuáles pasarían a pagar el 13% dependería del contenido del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo decida presentar al Congreso.

Al cierre de esta publicación, las declaraciones del Gobierno no permitían determinar dónde se trazará finalmente la línea entre quienes conservarían la tarifa del 1%. A pesar de las preguntas de Doble Check, las respuestas de Hacienda tampoco llegaron oportunamente. 

Versiones cruzadas sobre mecanismo de cobro del IVA

La explicación sobre quiénes conservarían la tarifa reducida del IVA a la canasta básica no es la única que ha variado. Tampoco está claro cómo las personas beneficiarias recibirían un impuesto menor.

La primera descripción detallada la dio Nogui Acosta en su entrevista con El Observador. El jefe de fracción de Pueblo Soberano explicó un sistema de cobro y devolución. “Es un mecanismo en donde todos pagan la tarifa del IVA y después [...] se les devolvería a todas aquellas personas de más bajos ingresos”, dijo Acosta.

El diputado señaló que la devolución se apoyaría en el Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube), que reúne información sobre las personas que reciben o podrían recibir beneficios sociales. También, Acosta puso como antecedente una ley aprobada en 2024 para devolver el IVA pagado en útiles escolares y equipo tecnológico.

Pero el precedente todavía no funciona en la práctica. Su aplicación requiere un reglamento y, según la información suministrada a Doble Check por el IMAS y Sinirube, aún no existen beneficiarios de ese mecanismo.

Hasta esa explicación de Nogui Acosta, la modalidad era esta: el consumidor paga primero y recibe el dinero después. Rodrigo Chaves salió con otra versión posteriormente.

El 22 de julio, en la entrevista con Telenoticias, Rodrigo Chaves describió algo distinto. Según su explicación, las personas beneficiarias se identificarían en cada comercio y el cobro se ajustaría en el mismo momento de la compra.

Chaves insistió en que no se trataría de esperar una devolución posterior: “Se le hace el crédito inmediatamente y le dice: ‘Señor, no lo pague’”, comentó Chaves.

Otros aspectos prácticos también quedan sin respuesta. Por ejemplo, qué ocurriría cuando otra persona no registrada haga las compras del hogar y qué pasaría en establecimientos sin acceso inmediato a la información de Sinirube.