Bukele desinforma sobre denuncias en su contra por crímenes de lesa humanidad. Eso debe importarnos en Costa Rica

El Estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad desde 2022, según una investigación presentada ante Naciones Unidas por el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES).

El informe también fue presentado a mediados de marzo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La investigación detalla que el régimen de excepción indefinido ha facilitado detenciones arbitrarias, tortura y persecución política sistemática. El informe recoge información de al menos 403 muertes bajo custodia del Estado, cientos de desapariciones y miles de menores de edad detenidos.

GIPES indicó que es necesario “establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad”. Pero la conclusión del informe es otra, según el presidente de El Salvador.

Nayib Bukele y sus aliados divulgaron que se está exigiendo que “el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción”. Esa es una falsedad que hasta Grok desmintió en X, la red social predilecta del mandatario.

Sin sustento, Bukele también descalificó a las organizaciones agrupadas en GIPES y a la prensa nacional e internacional que divulgó los hallazgos como actores “tarifados de Soros”, refiriéndose al magnate estadounidense, George Soros. 

Según Bukele, evidenciar violaciones al debido proceso se traduce automáticamente en apoyo a las organizaciones criminales. Con esta lógica engañosa, denunciar abusos en el poder represivo del Estado es anteponer los derechos de los criminales antes de los derechos de las víctimas.

¿Por qué deberíamos prestar atención a esta desinformación acá en Costa Rica? Porque la política de seguridad de Bukele ha sido presentada como el ejemplo a seguir por el Gobierno de Rodrigo Chaves y su sucesora, Laura Fernández.

La desinformación del gobierno salvadoreño ante hallazgos de crímenes de lesa humanidad es parte inseparable de esa manera de gobernar que en Costa Rica se está presentando como un referente.