Amnistía Internacional: Derechos humanos y Derecho Internacional corren un gran peligro

El 2025 estuvo marcado por ataques depredadores contra el multilateralismo, el Derecho Internacional y la sociedad civil, que ofrecen como alternativa un orden mundial racista, patriarcal, no equitativo y antiderechos, alerta el informe anual de Amnistía Internacional. La organización hizo un análisis sobre la actualidad de derechos humanos en 144 países. Este señala que Estados poderosos, corporaciones y movimientos con tendencias autoritarias son los principales causantes de esta realidad.

Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento antivoto (Repeal the 19th) hacia la mujer ha adquirido fuerza en la administración del presidente Donald Trump, no solo por proyectos de ley que presentan una amenaza a este derecho, sino por una tendencia en la conversación política.

Para Nicolás Boeglin, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Costa Rica, esto responde a una tendencia populista: “Vienen con el discurso de que ‘somos nosotros quienes vamos a preservar los valores tradicionales como la familia y el hogar’, pero eso implica no proteger a la población sexualmente diversa o la legislación que protege el aborto. Hay un trasfondo ideológico muy definido”, explicó el experto.

Otro caso es el de El Salvador. Human Rights Watch lo ha señalado como un Estado donde el derecho y las garantías individuales se han debilitado a causa de la represión del gobierno de Nayib Bukele contra defensores de derechos humanos y críticos de su gestión. 

“El régimen de excepción, que suspende ciertos derechos básicos, está vigente desde marzo de 2022. Las autoridades han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos en detención, y violaciones al debido proceso”, señaló la organización.

Pero Costa Rica no es la excepción; Boeglin agregó que lo que suele escucharse los miércoles en la conferencia de prensa en Casa Presidencial se asemeja mucho a la idea expresada por líderes populistas de que “las normas, los mecanismos de fiscalización, la Contraloría son un estorbo”.

Según el profesor, lo anterior se relaciona con otro discurso de la misma tendencia. “La narrativa es decir: ‘nosotros les vamos a resolver todo, y vamos a hacer a un lado las normas y las reglas porque eso es un problema’. Lo estamos escuchando en Washington, en Israel, en Argentina con el señor Milei, lo estuvimos escuchando en Brasil con el señor Bolsonaro, y en Centroamérica con Bukele en El Salvador”, explicó Boeglin.

Amnistía Internacional hizo un análisis similar y agregó que la tendencia al desdén por el Derecho Internacional provoca pocas represalias para estados que cometen crímenes de guerra. 

Desde la organización señalaron los casos de Rusia, que ha intensificado sus ataques aéreos contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania; el ejército de Myanmar que utilizó parapentes motorizados para lanzar municiones explosivas que provocaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas; Emiratos Árabes Unidos que ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado octubre tomaron el control de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. No son solamente estos; hay más. El informe cuenta con un desglose detallado de todos los conflictos activos a nivel mundial, sus repercusiones e irregularidades.

Crímenes de guerra en 2025

“Desde 1949 existe la Convención sobre Derecho Internacional Humanitario (DIH), que se firmó en Ginebra, y ahí se establecen las reglas que los estados en conflicto tienen que seguir para volver un poquitito más humanos, lo que, por definición, es inhumano”, explicó Boeglin.

La convención incluye, entre otras cosas, no disparar a hospitales, ambulancias y distinguir entre un objetivo militar y la población civil.

“No se puede hacer lo que está haciendo Israel en Gaza y ahora en el Líbano, de decir que porque está escondido en el sótano de un hospital un elemento radical del Hamas o del Hezbolá, se puede volar todo el hospital. Eso constituye un crimen de guerra porque viola una regla que está establecida desde 1949, que dicta que los ejércitos, a la hora de llevar a cabo una operación militar, tienen que respetar el principio de discriminación”, señaló Boeglin.

Asimismo, otro principio que se debe respetar es el principio de proporcionalidad. Para explicarlo, el profesor dio el ejemplo de que un ejército no puede arrasar una ciudad entera porque le destruyeron un batallón. 

Tanto para el profesor universitario como para Amnistía Internacional, estas narrativas y tendencias en los líderes son un peligro, pues dañan el Derecho Internacional y lo que este pretende proteger. 

“Se trata de un ataque directo a los cimientos de los Derechos Humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios”, señaló Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. 

Aparte del daño que provocan en las poblaciones, Amnistía Internacional señala que estos crímenes contra el Derecho Internacional están dañando gravemente las bases que sustentan los derechos humanos en todo el mundo.

“Hay que recordar, además, que Israel está siendo objeto de una acción por genocidio en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia que posiblemente se va a resolver en estos años”, añadió Boeglin.

Erosiones en el centro del sistema

De acuerdo a Boeglin, antes había un grupo de estados que hacían a un lado las reglas del Derecho Internacional, pero Occidente —Estados Unidos, Europa y sus aliados— eran los primeros en alzar la voz y afirmar la importancia de respetar los mecanismos de Naciones Unidas; sin embargo, ese ya no es el caso.

“Estados Unidos tiene un gran poderío e influencia a nivel mundial. Vemos que desde la misma Casa Blanca se originan políticas para intentar, de alguna manera, destruir el multilateralismo, quitarle el financiamiento a Naciones Unidas, la OEA y muchas de las organizaciones regionales aquí en América Latina. Con la idea de que Estados Unidos no necesita de todas esas normativas y todos esos mecanismos internacionales, y que su poderío y supremacía militar hacen que pueda prescindir de todo eso”, señaló.

En el país norteamericano hay un crecimiento de un fenómeno de inclinación conservadora, el cual pretende que el voto emitido cambie a ser uno solo por núcleo familiar. Esta parte de ideas patriarcales y religiosas, donde la “cabeza del hogar toma la decisión por toda la familia”.

Grupos que velan por los derechos al voto en el país norteamericano han dicho que la Ley SAVE (Salvaguardar la Elegibilidad Americana al Voto) significará una barrera para millones de mujeres estadounidenses que han cambiado su nombre legalmente. 

La ley pretende que todos los votantes, al momento de emitir su voto, deban presentar un documento válido de identificación, como pasaporte o certificado de nacimiento, esto para evitar el “voto ilegal de no ciudadanos”. No obstante, un estimado de 69 millones de mujeres estadounidenses y 4 millones de hombres no tienen un certificado de nacimiento que concuerde con su actual nombre legal. Esto en un país que no cuenta con un documento de identidad oficial.

De acuerdo a Boeglin, esto está causando una destrucción de lo que se tiene en el imaginario; es el sueño americano.

Los señalamientos también recaen, por ejemplo, en la situación que rodea a la FIFA, el Comité Olímpico y la prohibición de participar que se impuso a Rusia desde el inicio de su ofensiva en Ucrania.

“Se hubiera pensado que, así como se condenó a Rusia por invadir el territorio de Ucrania, por bombardear población civil ucraniana, por destruir el patrimonio y la infraestructura pública en Ucrania, que se hiciera esa misma condena por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea al ver a Israel haciendo exactamente lo mismo en Gaza”, indicó el profesor.

Caso de Costa Rica

Para Boeglin el contexto costarricense está caracterizado por ataques del Gobierno a otros poderes de la República, como el Judicial, la Asamblea Legislativa y órganos como la Sala Constitucional.

Tanto para el profesor de la UCR como para Amnistía Internacional, estas tendencias y líderes son un peligro, pues dañan el Derecho Internacional y los sistemas de pesos y contrapesos. 

Pero las alertas en Costa Rica no solo están a nivel interno. Con respecto a relaciones internacionales, de acuerdo al experto: “pareciera que Costa Rica entiende que el Derecho Internacional es importante, que hay que respetarlo y debe invocar todas las reglas de este cuando se trata de Rusia; pero cuando se trata de Israel, no encuentra nada mejor que anunciar, como lo hizo el 8 de diciembre pasado, que van a firmar un tratado de libre comercio con Israel”.

La erosión en las relaciones del país con el Derecho Internacional es tal que, a pesar de que la Corte Internacional de Justicia cumplió 80 años, la Cancillería no realizó ningún pronunciamiento al respecto. No se conmemoró ni celebró al órgano que le ha dado la razón a Costa Rica en todos los procesos que el Estado ha tenido contra Nicaragua. 

El llamado

El llamado que hace Amnistía Internacional, para el experto, es muy interesante porque apela a la sociedad civil, a la academia y a algunos estados que todavía han logrado ser consistentes. Solicitan respaldar a los movimientos sociales y frenar los esfuerzos que buscan silenciar y despojar de poder a personas y organizaciones de derechos humanos. 

En Amnistía hacen un llamado a los Estados y entes internacionales a intervenir. Solicitan respaldar a los movimientos sociales y frenar los esfuerzos que buscan silenciar y despojar de poder a personas y organizaciones de derechos humanos.